Un desastre en la reforma de la Instrucción penal

Está pasando y merece una fuerte crítica. Nuestro actual Ministro de justicia del Partido Popular, Rafael Catalá, confirma una reforma para ceder la instrucción penal a los fiscales, dotándolos de un nuevo rol como directores de la investigación criminal y suprimiendo trámites innecesarios. Un proyecto que no es nuevo, ya que hace dos legislaturas el PSOE lo tramitó.

Suena muy bonito dotar al proceso de cierta agilidad y celeridad una vez se consigan pruebas contra el investigado. Pero, ¿por qué ahora este cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras más de 100 años de preservación? ¿Por qué el Gobierno pretende modificar la instrucción de los delitos si siempre ha estado en las manos independientes de los jueces? Ante este mar de dudas, el Gobierno ha afirmado que se trata de una cuestión de “Derecho comparado” y que la figura española del ‘juez instructor’ es un anacronismo en Europa, que existe consenso en que ese modelo debe sustituirse por el del ‘fiscal investigador’”. Pero no se da ninguna otra razón de peso.

La respuesta a esta pregunta la vemos en la otra cara de la moneda. La Fiscalía está a las órdenes del gobierno, según el principio de jerarquía que la rige. Con lo que, con esta reforma, a partir de ahora, se investigarán solamente los delitos que le apetezcan al Gobierno.

¿Y qué supone todo esto? Pues una destrucción en el ámbito penal del principio de división de poderes, así como la desigualdad de armas entre el Fiscal Investigador e Instructor y el Abogado particular, ya que el Fiscal dirigirá la instrucción hacia donde le convenga y obviará y evitará en la medida de lo posible que se haga y se atienda a las pruebas y argumentos del Abogado Defensor.

Esto de que el Fiscal sea Juez y Parte es uno de los atentados más graves al Estado de Derecho. 

A diferencia de los Jueces, los fiscales son un órgano jerárquico que actúan siguiendo las instrucciones del Fiscal General. La Fiscalía no tienen autonomía real, por tanto “todo se decide desde arriba”, facilitando que las negociaciones con los abogados dependan de las instrucciones y visto bueno de arriba.

Si finalmente esta reforma prospera, supondrá recular en el tiempo, un desastre que la sociedad no se merece.


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