La sentencia del Tribunal Supremo (TS) conocida ayer marca un antes y un después en la democracia española. La condena a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, a dos años de inhabilitación no es solo un revés judicial: es una bofetada en toda regla al Gobierno de Pedro Sánchez. La Justicia ha desmantelado la estrategia de asalto a las instituciones.
La inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados confirma lo que era un clamor: la Fiscalía General del Estado se había convertido en un brazo armado al servicio del Partido Socialista. La filtración de un correo contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, fue un burdo intento de desgaste político, orquestado desde la cúpula judicial afín al Ejecutivo.
Pedro Sánchez eligió a García Ortiz a dedo, desafiando las críticas por su evidente alineamiento político. El TS, con esta condena demoledora, ratifica que ese nombramiento solo buscaba un objetivo: instrumentalizar la acción judicial para perseguir a la oposición. La Fiscalía dejó de ser garante de la legalidad para transformarse en un ariete político.
La condena no admite matices. Ha sido dictada por una mayoría aplastante de los magistrados del Supremo. El fallo, que incluye una indemnización a la pareja de Ayuso por daños morales, es una enmienda a la totalidad a la gestión y la ética del Gobierno. Demuestra que ni siquiera el máximo representante del Ministerio Público está por encima de la ley.
El Gobierno de Sánchez ha intentado colonizar todas las instituciones del Estado. Desde RTVE hasta la Fiscalía. Pero la Justicia, con esta sentencia histórica, ha puesto un freno a la impunidad con la que el sanchismo creía poder actuar. Es un triunfo del Estado de Derecho frente a la deriva autoritaria.
La inhabilitación forzosa del Fiscal General es el colofón de un escándalo que debería provocar la dimisión inmediata de responsables políticos. La figura del FGE debe encarnar la neutralidad. García Ortiz, en cambio, será recordado como el Fiscal que fue condenado por usar su cargo para guerra sucia política.
Este episodio es la prueba definitiva de que cuando los socialistas hablan de «lawfare» o de conspiraciones judiciales, en realidad están intentando tapar sus propias maniobras. El verdadero lawfare lo ha practicado la Fiscalía politizada, y el Supremo lo ha castigado con severidad.
Ahora, Sánchez deberá afrontar el bochorno de tener que nombrar a un nuevo Fiscal General tras la ignominiosa caída de su elegido. Es un momento crucial para la regeneración. El presidente tiene la obligación de elegir a una persona de irreprochable independencia, aunque la experiencia demuestre que eso está lejos de sus prioridades.
La condena a García Ortiz es un aviso a navegantes. Es el mensaje claro de que, por mucho que se intente manipular y presionar, la Justicia en España sigue funcionando. El sanchismo queda retratado con su brazo judicial cortado por la acción del Alto Tribunal. La democracia resiste.
NOTA DE LA REDACCIÓN DE ELCATALÁN: elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen pueden enviar un bizum (678 423 324) o hagan un donativo aquí).
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
