El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña (APM), Pablo Baró, Pablo Baró ve “con preocupación” el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justica, Relaciones con las Cortes y Presidencia. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Baró ha considerado que el nombramiento “es una advertencia del Gobierno para que los jueces sepan que están expectantes de cómo se aplica la futura ley de amnistía”. “¿Realmente van a verificar cuál es el trabajo que hacemos los jueces? se ha preguntado el portavoz de la APM, que lo califica de “peligrosísimo”.
Sobre la creación de tres comisiones de investigación en el Congreso para examinar si hubo lawfare para perseguir a responsables y protagonistas del Procés, Baró lamenta que desde el partido político que gobierna España se insinúe que “los jueces han podido llegar a prevaricar en todos los hechos investigados”. “La simple mención en el acuerdo PSOE-Junts es bastante peligrosa para la independencia judicial y para el Estado de derecho” ha alertado.
Pablo Baró no ve “cerca” el regreso del prófugo Carles Puigdemont y se ha mostrado convencido de que “el juez Pablo Llarena acudirá al Tribunal Constitucional si ve que la futura ley de amnistía vulnera la Constitución y al Tribunal de Justicia de la Europea si entiende que la norma no es conforme con el ordenamiento de la Unión Europea”.
El portavoz de la APM en Cataluña se ha referido también al endémico problema de la falta de jueces en Cataluña y ha puesto como ejemplo que en los juzgados de lo social, donde trabaja, “hay cinco vacantes y nadie quiere venir”. Baró ha explicado que a día de hoy siguen marchándose muchos jueces de Cataluña y que esto sucede “por el tema político” y no tanto por la carestía de la vida. “El coste de la vida en Madrid es superior al de Barcelona y allí no hay tantas vacantes”, ha asegurado.
Por otra parte, Baró ha pedido prudencia al valorar un tema “tan complejo” como son los desalojos de los inmuebles. “No podemos dejarnos llevar por ciertos titulares que al final ponen al juez como el responsable del desalojo de una persona, cuando esto no es así”, explica.
El portavoz de la APM en Cataluña ha recordado que en este tipo de procedimientos judiciales “hay una persona con todas las garantías y todos los derechos, pero sin olvidar que también hay otra persona que acude a la justicia a intentar proteger sus derechos como propietario”. En este sentido, ha explicado que se han aprobado muchas normas de cara a proteger a las personas más vulnerables y que todos los jueces españoles “son muy rigurosos en la aplicación de estas normas”. Baró también considera que “no es bueno” anunciar con antelación un desalojo, “porqué estás incitando a la gente a que incumpla una resolución judicial” ha advertido.
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