El relato del victimismo judicial ha calado hondo en la estrategia del Gobierno. Los dirigentes independentistas condenados por sedición marcaron el camino al negar la gravedad de sus actos. Intentar convertir de la noche a la mañana a millones de españoles en extranjeros nunca les pareció un delito, sino un montaje institucional.
Para justificar el desafío constitucional, ERC, Junts y sus altavoces afines popularizaron el concepto de «lawfare». La consigna repetida era clara: acusar a la Justicia de actuar por motivaciones políticas. Se desató así un ataque frontal contra los magistrados que simplemente cumplieron con su deber de proteger la legalidad vigente.
El PSOE no tardó en asimilar estos mismos métodos tras entregarse a los partidos separatistas para sostenerse en el poder. Resulta paradójico que la formación política que más ha participado en la construcción de nuestro marco legislativo lidere hoy la desacreditación del estamento judicial.
Actualmente, son los propios socialistas y sus socios de extrema izquierda quienes enarbolan la bandera del acoso judicial. Cada vez que los tribunales investigan asuntos escabrosos, la respuesta oficial es sembrar dudas sobre la neutralidad de los jueces. Las investigaciones que salpican al entorno más cercano de La Moncloa han activado todas las alarmas en el Gobierno.
Lejos de colaborar con la Justicia o dar explicaciones convincentes, la izquierda prefiere señalar a los instructores. Las descalificaciones personales contra los magistrados buscan restar credibilidad a unos procesos que amenazan la estabilidad del Ejecutivo. Esta doble vara de medir queda al descubierto al analizar la trayectoria reciente de la política nacional. Cuando las resoluciones judiciales afectan al Partido Popular, el oficialismo aplaude el rigor y la independencia de los tribunales sin ningún tipo de reparo.
Basta recordar cómo se utilizó una frase de la sentencia de la Gürtel para justificar la moción de censura contra Mariano Rajoy, expresión que fue descalificada posteriormente por otros jueces. En aquel momento, ni el PSOE ni sus aliados cuestionaron la imparcialidad del sistema ni hablaron de conspiraciones judiciales.
Sin embargo, cuando la luz enfoca las irregularidades propias, la respuesta de la izquierda es el ataque despiadado. Las presiones que hoy soporta el juez Peinado recuerdan peligrosamente a las cacerías sufridas en su día por el juez Llarena durante el desafío separatista. La maquinaria de propaganda gubernamental no dudará en intensificar sus embestidas a medida que avancen las causas judiciales pendientes. Los jueces que investiguen las ramificaciones del poder socialista deberán resistir una campaña de descrédito orquestada para erosionar la división de poderes.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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