La crisis que sufrimos en estos días es la peor conocida por la gran mayoría de ciudadanos de España y el resto de la UE desde la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido algunas pandemias de gripe como la llamada “Asiática” de 1957-58, la de “Hong Kong” de 1968-69 y las de tipo aviar en el siglo XXI. Ninguna de ellas trajo estragos tan graves para la población como el COVID-19. Las consecuencias sociales, políticas y económicas que pueden derivarse de ella pueden ser tan importantes como para hacer tambalear seriamente la vida como la conocemos hoy día. Este artículo, no obstante pretende ofrecer modestamente unas reflexiones sobre esta crisis y la post-crisis.
España se mueve en el ámbito de la UE y por lo tanto las medidas a implantar deben desarrollarse en esa sintonía y con la ayuda inestimable de dicho organismo supranacional. El reto es difícil, tal como se está viendo en las negociaciones del eurogrupo para las soluciones a largo plazo. El mes pasado, en políticas de cohesión fueron asignados 37.000 millones de euros para sistemas sanitarios, empresas y trabajadores afectados por la crisis. El BCE lanzó un plan de emergencia por valor de 750.000 millones de euros. Tras duros debates el 9 de Abril se han consensuado ayudas por 500.000 millones de euros distribuidos en el SURE (Support Unemployment Risk Emergency), para paliar el problema del empleo (100.000 millones), créditos BEI (Banco Europeo de Inversiones) para empresas, especialmente pymes: 200.000 millones y MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), hasta 240.000 millones, allí donde sea necesario. Es solo el principio.
El gobierno español está aprobando una serie de actuaciones igualmente a corto plazo complementadas por aquellas que cada autonomía y municipio lleven a cabo. Ahora bien, es necesaria una visión a medio y largo alcance para evitar una depresión profunda de la economía o minimizar en lo posible su perdurabilidad en el tiempo para así acometer la recuperación necesaria.
Las ayudas deben dirigirse a trabajadores, autónomos, PYMES y colectivos en riesgo de exclusión, en primer lugar. Debemos mantener el poder adquisitivo del conjunto de la población para no mermar el consumo pero ante todo por justicia social. Las crisis no deben de caer en las espaldas de los más desfavorecidos o de los que crean tejido empresarial como tampoco en los agricultores y ganaderos cuyos productos deben tener unos precios justos. La digitalización de muchas actividades ha de impulsarse de forma clara ya que mejora la propia actividad, genera recursos y baja costes. Un impulso a las grandes infraestructuras a nivel europeo crearía puestos de trabajo mejorando la red que comunica nuestras economías. No hemos de abandonar las coberturas al desempleo, que deben ir unidas a una buena formación profesional, las sanitarias, las educativas, la atención a las personas más necesitadas, con una mejora de la sanidad y educación públicas pero sin un aumento de los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Es esta una ecuación complicada a la cual hay que buscar soluciones. ¿Una “New Deal” o Plan Marshall europeo adaptado a estos tiempos?.
En nuestro país es fundamental el consenso político con el mayor número de fuerzas, especialmente las grandes partidos constitucionalistas, sindicatos y patronal e ir a unos nuevos “Pactos de la Moncloa” o de la “Reconstrucción” actuando con mucha generosidad como se hizo en los primeros. No olvidemos problemas que siguen latentes y que no desaparecen como la sostenibilidad de las pensiones, el Pacto de Toledo se debe reiniciar lo antes posible. Estaríamos en el momento de plantear una reducción de costes a nivel político como eliminar duplicidades de instituciones, acabar con estructuras que van poco más allá del empleo de algunos funcionarios y cargos de confianza. España puede hacer mucho en este sentido.
El comercio mundial ha de seguir conectado e implementado. El libre comercio crea riqueza y trabajo para todos los agentes económicos. Los acuerdos de la UE con Vietnam o el Cono Sur americano conllevan que esos países sigan las normas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de protección de su población laboral. La solución, por lo tanto, no vendrá ni de un ultraconservadurismo, “laisser faire, laisser passer, ni de una planificación estatalista. La intervención del Estado ha de ser la necesaria allí donde el mercado libre falle en relación a las capas más pobres de la sociedad, cuestión está ya expresada por Adam Smith, el teórico del liberalismo económico contemporáneo.
Si abogamos por un libre comercio a nivel global no olvidemos las ayudas al desarrollo para los países pobres, ayudas reales para crear la capacidad productiva a la hora de soportar a su tejido social. Como tampoco se ha de optar por una economía e intercambios que no respeten el medio ambiente. La inversión en este ámbito es ya un sector importante de la economía que debe seguir esa tendencia. En definitiva, Si la UE sale adelante en estos retos tendremos una Europa más única y eficaz frente a sus rivales exteriores: Putin, la guerra comercial EE.UU-China… Y a sus demonios internos: nacionalismos, populismo de derecha e izquierda, efectos del Brexit… Está en juego su propia supervivencia.
DANIEL RUBIO RUIZ. Historiador
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