Conmigo no va el tema

David Hernández, presidente de Polteia

Quiero reflexionar en este artículo sobre la complicidad por acción u omisión de muchos funcionarios públicos en la situación actual en Cataluña.

Por acción flagrante, por ejemplo, en las detenciones o sanciones administrativa a las autodenominadas “Brigada de Limpieza” así como en los expedientes disciplinarios de naturaleza ideológica que siembran el caos en las administraciones locales y en la administración autonómica.

Hay funcionarios que acuden a manifestaciones ideológicas con uniforme laboral intentando trasladar que todo el colectivo piensa y actúa igual y otros que se dedican a perseguir por redes sociales a sus propios compañeros rebajándolos al nivel de “enemigo”.

Luego estarían los culpables por omisión, que son la gran mayoría, no estaríamos hablando del grupo habitual en cualquier ámbito laboral que solo se preocupa de sí mismo. Esto sería un rasgo de personalidad.

Me refiero a la gran mayoría de funcionarios que se subordinan a las directrices de los políticos como si éstos fueran semidioses. Estos funcionarios saben perfectamente que el político de marras estará 4 años máximo y luego deberá solicitar a los ciudadanos su renovación.

Saben que el principal mérito de estos políticos es pertenecer a un partido político y que a muchos de ellos el cargo les viene infinitamente grande. En Cataluña leyendo o escuchando declaraciones diarias se puede uno hacer a la idea del nivel.

Pero a pesar de ese saber con certeza miran para otro lado, no protestan ni denuncian porque no sería obligación suya y dejan solos a los que sí actúan porque piensan que “ellos se lo han buscado”.

Es lógico que ante la presencia masiva de tanto funcionario insensibilizado los ciudadanos, que intentan oponerse a los excesos de régimen ideológico actual, lo tengan más complicado ya que no gozan de la misma protección jurídica a la hora de denunciar.

Queda claro que ser perseguido y acosado durante unos 4 años por unos políticos y sus cómplices, con expedientes disciplinarios y pseudo amenazas no es agradable, pero es peor permitirlo sin oposición y además valorar negativamente a los que lo intentan.

La insensibilización funcionarial es una reproducción de la social pero un servidor público debe saber que su trabajo y vocación implica defender a toda la sociedad, no solo a los que gustan en el ámbito privado.

No podemos obviar que esta insensibilización está inducida en Cataluña a través del código de cabecera de la facción ideológica predominante en las instituciones públicas: el libro de Gene Sharp. Ello les orienta a identificar a los funcionarios públicos como una debilidad del poder democrático establecido y a practicar los mecanismos de presión, irónicamente denominados no violentos, para facilitar la conversión a su causa ideológica mediante la emocionalidad discordante.

Emocionalidad discordante porque los “suyos” son las víctimas con derechos y los “opuestos” nunca pueden ser víctimas en la misma escala porque no sería democrático…

En todos los sectores funcionariales se ha traspasado esa línea roja y desde el poder político se ha alentado constantemente para vulnerar la independencia funcionarial.

No solo crearon a nivel interno la figura de los cargos de libre elección para controlar al funcionariado díscolo sino que han obtenido el apoyo festivo e incondicional de muchos funcionarios.

Leer o escuchar a tanto funcionario público que se acoge a su libertad de expresión para insultar, atacar y autojustificarse es lamentable.

Si se asiste a manifestaciones con uniforme profesional, se escriben artículos o se hacen videos defendiendo y justificando una ideología que es contraria al marco normativo que prometiste o juraste defender no es tu libertad de expresión sino una irresponsabilidad por la preocupación que trasladas a tus conciudadanos que no piensan como tú.

Es muy peligroso lo que el poder político ha generado y la insensibilidad creciente en el funcionariado ante los excesos político-ideológicos valorando especialmente que no están subordinados jurídicamente a obedecer dichos excesos.

Se pervierte la democracia y el sentido común cuando a los funcionarios públicos que se ajustan a su promesa o juramento de cumplir el marco normativo se les acusa de “atacar al pueblo”.

Éstos no tienen que justificarse porque cumplen con la legislación vigente, antes y después de tomar posesión de sus puestos profesionales.

Son los que vulneran a diario esa promesa o juramento en perjuicio de sus conciudadanos y para agradar a sus conciudadanos preferidos, los que deberían ser sancionados disciplinaria y socialmente.

Finalmente, la gran mayoría que permite por omisión los excesos político-ideológicos estaría bien que se replantearan su cómoda imparcialidad ante las evidencias expuestas y que como hemos podido observar recientemente en la sentencia de cierto colegio de abogados sigue una estrategia definida que vocacionalmente no se puede olvidar y afecta a funcionarios públicos, colegios profesionales, etc…

Por David Hernández, presidente de Politeia


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