Ahora mismo en la UAB. Estudiantes teniendo que ser protegidos por policías pic.twitter.com/HOYnOX8mO9
— Rafael Arenas García (@Rafaelarenasgar) April 9, 2025
Coincidiendo con la llegada de Salvador Illa (PSC) a la presidencia de la Generalitat se ha visto un repunte sostenido de enfrentamientos y abusos en varios campus universitarios catalanes, donde grupos radicales antisistema han acosado y, en ocasiones, agredido a estudiantes y casetas de asociaciones constitucionalistas como S’ha Acabat!. Los episodios se han multiplicado tanto en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) como en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), convirtiéndose en un símbolo del deterioro del clima de convivencia política en los espacios universitarios públicos de Cataluña.
En la UPF se produjeron dos escraches en el primer trimestre de este año contra S’ha Acabat! con docenas de radicales separatistas insultando y acosando a los ponentes y asistentes a dos coloquios celebrados en esta universidad sobre libertad de prensa y feminismo. En ambos actos asistieron diputados de PP y VOX, invitados por esta asociación, que tuvieron que sufrir el acoso de estos radicales de extrema izquierda.
En la UAB también se han repetido escenas de violencia y acoso. Lanzamiento de objetos, insultos, botes de humo e incluso agresiones físicas han sido denunciados en distintas ocasiones por estudiantes constitucionalistas. En algunos casos ha sido necesaria la intervención de los Mossos d’Esquadra para garantizar la seguridad de los afectados, algo que demuestra la gravedad de la situación y el deterioro del ambiente universitario.
Por ejemplo, en abril de este año los Mossos tuvieron que evitar que una carpa de S’ha Acabat! fuera vandalizada en el campus de la UAB. En esta misma universidad, unos días después en una sala en la que estaba previsto un acto de esta asociación, y que fue cancelado por el decanato de Derecho, apareció llena de pintadas amenazantes. Uno de los ponentes, el catedrático Rafa Arenas, recibió una carta con amenazas.
Hace unos días S’ha Acabat! invitó al periodista Vito Quiles y más de un millar de violentos extremistas, ante la complicidad del rectorado y de la policía autonómica, agredieron a miembros de esta asociación constitucionalista.
Los testimonios de S’ha Acabat! y de medios que han cubierto los incidentes describen un patrón de intimidación constante: amenazas, destrozos de materiales y el uso de gas pimienta o elementos disuasorios para impedir la presencia de grupos que defienden la Constitución y la unidad de España. Según los afectados, estos actos buscan expulsar del espacio público universitario a quienes no comulgan con el independentismo más radical, quebrando el principio de pluralidad que debería regir en la universidad.
A pesar de la gravedad de los hechos, las reacciones institucionales han sido tibias. Los rectorados de las universidades implicadas han emitido comunicados de condena y han apelado al diálogo, pero para muchos observadores estas declaraciones no han bastado para frenar la violencia. Los incidentes se repiten, los agresores raramente afrontan consecuencias ejemplares y las víctimas denuncian sentirse desprotegidas por las propias instituciones que deberían garantizar su seguridad.
Aquí entra en juego la responsabilidad política del Govern. La Generalitat —gobernada desde 2024 por el socialista Salvador Illa— financia y supervisa las universidades públicas catalanas, por lo que tiene una cuota clara de responsabilidad en garantizar un entorno seguro y libre de violencia ideológica. Sin embargo, Illa y su ejecutivo han evitado medidas contundentes o reformas legislativas específicas para frenar esta deriva, pese a las reiteradas denuncias y a las imágenes de agresiones difundidas en medios y redes sociales.
El nuevo Govern ha prometido reforzar la financiación universitaria y promover políticas de convivencia, pero la continuidad de los episodios violentos y la falta de resultados tangibles alimentan la percepción de inacción. Los críticos sostienen que el Ejecutivo autonómico ha priorizado la imagen de estabilidad y diálogo sobre la defensa efectiva de la libertad de expresión en los campus, dejando sin respuesta una problemática que se agrava con cada curso académico.
Si las universidades catalanas quieren recuperar su papel como espacios de debate plural y convivencia democrática, hacen falta medidas reales: protocolos de actuación eficaces ante el acoso de los radicales separatistas contra los estudiantes constitucionalistas, coordinación efectiva entre Generalitat, rectorados y fuerzas de seguridad, y una voluntad política clara de aplicar sanciones ejemplares a quienes vulneren derechos fundamentales. Mientras el Govern de Salvador Illa no asuma su responsabilidad y actúe con firmeza, la violencia política en los campus seguirá siendo una herida abierta en el sistema universitario catalán.
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