A pocos días de que arranque uno de los juicios más esperados de las últimas décadas, el del expresident de la Generalitat Jordi Pujol y su familia, la sombra de un nuevo aplazamiento vuelve a planear sobre la Audiencia Nacional. A sus 95 años, Pujol busca evitar el banquillo alegando problemas de salud. Su defensa ha presentado un informe médico que señala que el exmandatario presenta “marcadores en sangre de la enfermedad del Alzheimer”, con el objetivo de que el tribunal valore su capacidad para ser juzgado o, al menos, que le permita declarar por vía telemática desde Barcelona, evitando el desplazamiento a Madrid.
La estrategia, pilotada por el prestigioso penalista Cristóbal Martell, se apoya en dos informes médicos ya remitidos a la Audiencia Nacional. La defensa, en su primera petición, no solicita la inhabilitación del expresident por motivos de salud, pero sí que no tenga que asistir presencialmente al juicio, previsto para comenzar el 24 de noviembre en la sede de San Fernando de Henares (Madrid). En segunda instancia, pide que se evalúe si Pujol está en condiciones de defenderse y, de no ser así, que sea eximido del proceso, tal y como permite la ley.
Mientras tanto, el entorno familiar ha manifestado su “profundo malestar” por la filtración de los informes médicos, que consideran información reservada aportada al tribunal. Pero más allá del debate sobre la privacidad, el fondo del asunto es otro: ¿puede la justicia española permitirse que, después de más de una década de investigaciones, el principal protagonista del caso que simboliza la corrupción institucional en Cataluña no llegue nunca a ser juzgado?
El juicio sentará en el banquillo a Jordi Pujol, sus siete hijos y una decena de empresarios acusados de mantener dinero en Andorra sin declarar y de tejer una red de clientelismo político y económico durante años. La Fiscalía pide nueve años de prisión para Pujol: cinco por asociación ilícita y cuatro por blanqueo de capitales. Para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, la pena solicitada asciende a 29 años de cárcel, al añadírsele los delitos contra la Hacienda Pública y falsificación documental. Su exmujer, Mercè Gironès, se enfrenta a 17 años, y su hermano Josep, a 14. Para el resto de los hijos —Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta—, el fiscal reclama ocho años de prisión. También están imputados diez empresarios, para quienes se piden entre tres y cinco años de condena.
El proceso, que debería prolongarse hasta el 14 de mayo, corre el riesgo de convertirse en una farsa judicial si finalmente se certifica que el expresident no puede ser juzgado. No sería solo un golpe a la justicia, sino también a la confianza de la ciudadanía en la igualdad ante la ley.
Porque si Jordi Pujol, el hombre que durante más de dos décadas representó el poder político en Cataluña, consigue librarse del juicio escudándose en su salud, el mensaje será devastador: en España, los poderosos pueden esperar el tiempo suficiente para que los años —y las enfermedades— los absuelvan antes que los tribunales.
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