Escribo estas líneas mientras se celebra una concentración en apoyo a una ciudadana agredida, en plena calle, ante sus hijos, por un transeúnte por retirar unos plásticos amarillos colocados en apoyo a los políticos encarcelados, preventivamente, en un procedimiento en el que se juzga su participación en delito de rebelión, entre otros.
Acerca de ese procedimiento, la medida cautelar y la procedencia de la calificación que una parte de la opinión pública les atribuye como «presos políticos» ya ha corrido tinta, no estoy en condiciones de añadir nada nuevo y considero que mi posición personal está, solidamente, argumentada por otras opiniones.
A la imagen, deprimente, de la señora agredida se me superpone la otra, reciente, de Inés Arrimadas y Albert Rivera retirando, pública y ostensiblemente, plásticos similares a los que motivan la agresión.
Estos lazos -que, a mi entender, suponen una ocupación del espacio público que precisa autorización mediante un procedimiento administrativo que la justifique – habían sido colocados por otros ciudadanos que, probablemente con buena voluntad, querían dejar testimonio de una situación que consideran injusta.
Quiero añadir que de entre quienes ponen (o podrían llegar a poner) los «dichosos» lazos hay personas de las que no me gustaría prescindir en mi vida pues siento, hacia ellas, cariño, gratitud, simpatía y aprecio sincero.
Realmente, en Cataluña llevábamos una temporada así: tú los pones, yo los quito, los repongo, etc…
Resulta sencillo identificar el punto de inflexión.
El Govern, cuyo presidente se ha autocalificado suficientemente con sus propios escritos, debió decidir que su supremacismo unido a su posición política le permitían – aún a costa de pisotear los más sencillos principios jurídicos- perseguir, mediante la «advertencia» de una identificación policial- y sancionar a quienes retiraban esos plásticos amarillos cuya simbología comparte ese Govern.
Para ello no tuvo escrúpulos en utilizar el, ya bastante debilitado en su prestigio- cuerpo de los Mossos de Esquadra a través de un tuit vergonzoso en el que anuncia la identificación de 14 personas por retirar lazos amarillos (identificándolo con «danys en el domini públic»), advirtiendo de sanción de 601 a 30.000 euros.
Por más veces que lo lea no disminuye mi perplejidad. Eso es un «farol» y lo demás son cuentos.
Debo confesar que mi confianza en esta policía ha disminuido sensiblemente con el «procés» puesto que han quedado manifiestas sus prioridades y con ello, que la defensa de la seguridad y del cumplimiento ordenamiento jurídico se encontraban condicionadas a la obediencia a una concreta ideología política en el poder.
El Govern y su mayoría parlamentaria – que no social – esta arrastrando al cuerpo de los Mossos d’Esquadra por el lodo. Si yo formara parte de él, estaría indignada por esa falta de respeto permanente salvo que, cómo le preguntaron a Joaquim Forn en un interrogatorio judicial, me gustara «jugar a los soldados».
Aquí estamos, los ciudadanos de «a pie», viendo como los políticos nos han traído hasta aquí, creando un enfrentamiento social que no existía y que creo que hoy, ni los secesionistas más furibundos piensan que va a acabar con una modificación del Estado.
¿A quién reclamamos ahora? Y, sobretodo: ¿cómo volvemos atrás?
Estoy casi segura de que unos y otros queremos volver atrás…
Irene Alvarez
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