Cómo escribir un artículo de prensa políticamente sesgado

El pasado día 6, me llamó la atención un artículo firmado por Pere Rusiñol, con un título llamativo, dada la relevancia de la fecha: Cómo destruir la Constitución. Pere Rusiñol es un veterano periodista que ha pasado por algunos de los principales periódicos de nuestra nación, desde –entre otros varios– El Periódico, pasando por El País, donde recaló mucho tiempo, hasta Público (todos de parecida cuerda). Es precisamente su veteranía la que me lleva a sorprenderme de la escasa calidad de la pieza que ha redactado con motivo de la jornada. Sospecho que haya podido ser un artículo de encargo o, tal vez, el producto de un impulso propio de motivación política, poco reflexionado.

Le encuentro dos defectos que juzgo fundamentales a la hora de valorar la calidad de un artículo periodístico. El más grave consiste en que el contenido no casa bien con el título, porque no se describe el procedimiento para destruir la Constitución, que es lo que éste promete (he pretendido imitar esa discordancia en mi propio titular). El segundo radica en que, en un escrito que, aparentemente trata de hacer una descripción histórica de acontecimientos que conducen a una determinada consecuencia, hay una sobreabundancia de lenguaje valorativo, muy pocos hechos y ninguna prueba sólida.

Vayamos a los pormenores. El valor del texto de la CE se encuentra, sobre todo, en su redacción por parte de los que se dio en llamar padres de la Constitución: cuatro representantes del centro-derecha (3 de UCD y 1 de Alianza Popular), dos del centro-izquierda (PSOE, PCE) y uno del nacionalismo (CDC). Los aciertos o los errores del texto final dependen fundamentalmente de ellos y, muy en menor medida, de las enmiendas que se fueron introduciendo en el procedimiento parlamentario posterior. Pere Rusiñol utiliza, sin embargo, como referencia la votación en el Congreso del texto ya revisado por la Comisión Mixta Congreso-Senado. Es cierto que en esa votación UCD, PSOE y PCE votaron casi unánimemente a favor y que menos de la mitad de los parlamentarios de AP votaron en contra o se abstuvieron.

Es un hecho, empero, que en la Comisión Mixta se pulieron detalles, pero que las líneas directrices de la CE fueron elaboradas, discutidas y pactadas por los padres. En sus reuniones fue donde se produjeron los debates y las cesiones que hicieron posible el consenso. Que a unos les gustaran más que a otros determinados extremos del documento resultante es intrascendente, en la medida en que hubo un acuerdo. Es un hecho, igualmente, que en la elaboración del texto base había mayoría del centro-derecha, no de la izquierda. El tomar como referencia la votación del Congreso en lugar de la composición del grupo redactor, diluye este hecho y permite jugar con los resultados, como hace el artículo al que me refiero. También es seguro, que todos tuvieron que renunciar a algunas de sus aspiraciones máximas para poder alcanzar un compromiso en común.

Por otro lado, la identificación, de la Alianza Popular del postfranquismo con el actual Partido Popular es excesiva porque, aunque haya un hilo histórico de continuidad entre las dos formaciones, creo que es evidente para todos los que hemos vivido las dos épocas que es tan distinto el segundo del primero, como lo es el actual PSOE de aquel que votó la Constitución (y no digamos del que fundó Pablo Iglesias).

A partir de aquí, el artículo degenera y empiezan a menudear las expresiones valorativas, siempre despectivas, aplicadas con ligereza a la derecha, sin que las pruebas se vean con claridad por parte alguna: quienes “ejercen de sumos sacerdotes del relato sobre la Constitución, transformándolo según sus intereses particulares”, “nuevos fundamentalistas de la Constitución”, “hostiles con el gran pacto totémico de la Transición”.

Reduce “la derecha” a AP y, aunque reconoce que promovió el voto favorable a la misma en el referéndum popular, señala los desacuerdos que tenía con algunas cuestiones clave del texto constitucional. Pero, ¿se sometió AP o no se sometió al consenso? ¿Acaso los integrantes de UCD no procedían en buena medida de las filas del franquismo? El “pacto totémico” (me temo que la elección del adjetivo es irónica) fue eficiente y duradero porque lo suscribieron las fuerzas mayoritarias, la derecha moderada (incluso la franquista) y la izquierda moderada, dejando fuera únicamente los extremos, que no tenían representación parlamentaria. Si fuera verdad lo que el autor afirma, por otro lado, debería reconocer que, si las reivindicaciones de la derecha más atrabiliaria no encontraron eco en el texto definitivo, ello probaría a sensu contrario que tuvieron precisamente que ser aquellas que más cedieron en beneficio del acuerdo.

Pere Rusiñol quiere hacernos creer que se ha impuesto una interpretación “derechizada” de la Constitución y apunta directamente al Tribunal Constitucional, al que considera en manos de la derecha retrógrada. Se refiere, incluso, a un golpe judicial (el sustantivo golpe se emplea ahora con mucha ligereza, será consecuencia de la desactivación del delito de sedición). El golpe consistiría en la no renovación del CGPJ por falta de acuerdo entre Gobierno y oposición. Pero, pese a los esfuerzos del Gobierno para hacer responsable al PP de ese obstáculo, para cualquiera es obvio que una falta de acuerdo es siempre responsabilidad de las dos partes. Desgraciadamente, las acusaciones del Gobierno no van acompañadas de la exposición de las ofertas, imposibles de rechazar, que éste haya podido presentar a su oponente y que el PP se haya negado a aceptar sistemáticamente.

Este asunto, cree Pere Rusiñol que le autoriza a calificar al PP como responsable de un atentado a la Constitución, atentado que, pese a declararse hoy como firme defensor de la misma, enlazaría con la falta de empatía de sus antecesores, la AP de la Transición, con el texto constitucional.

Después de haber desautorizado al Tribunal Constitucional como “tomado por las maniobras de la derecha”, imagino que no tendrá ningún escrúpulo en pasar por alto las numerosas sentencias firmes del TC que ponen de manifiesto las decisiones gubernamentales recientes contrarias a la letra de la CE (y no entro, por tratarse de hipótesis, en las más recientes, que pudieran llegar al alto Tribunal antes de que las maniobras del Gobierno inviertan la supuesta derechización, no para sustituirla por una situación de equilibrio, sino justamente todo lo contrario).

En ese mismo sentido, la interpretación que ofrece de la última encuesta del CIS (omito igualmente las numerosas críticas de que este organismo es objeto desde que está en manos de Tezanos) puede expresarse también de modo inverso. En primer lugar, la diferencia entre los partidarios de la CE entre votantes del PP y del PSOE, en una escala de 1 a 10, es de sólo 0,72. No parece una diferencia suficiente para sacar conclusiones. En segundo lugar, con toda seguridad, no es legítimo atribuir a los votantes la responsabilidad de cualesquiera que sean las maniobras que realizan los partidos a los que votan (aunque con su voto las legitimen, si es que las conocen). Y, por último, las razones de la desafección de la izquierda hacia la Constitución más bien parecen consecuencia de una campaña continuada de las fuerzas de izquierda para desacreditarla. No tanto porque la interpretación la haya derechizado, cuanto porque, a falta de mejores objetivos políticos para rellenar sus programas, instan a modificarla en aspectos esenciales, tales como la Monarquía o el sistema autonómico, por citar sólo dos de capital importancia.

En suma, el artículo pone de manifiesto con toda claridad cuál es el sesgo político del autor pero, excepto para los que pudieran aún preguntarse cuál es éste, carece de cualquier otro mérito. Es más, tratándose de una persona pública e informador de oficio, creo que sería legítimo exigirle mayor rigor y objetividad.

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