En el último número del Diari de l’Hospitalet, la publicación mensual de los medios de comunicación públicos de titularidad municipal de la segunda ciudad de Cataluña, se anuncia a toda plana el lanzamiento de una campaña institucional y una web «para combatir noticias falsas que afectan a sectores de la sociedad». Como ejemplos de «bulos habituales», mencionan los siguientes: más delincuencia debido a la inmigración; los migrantes reciben pagas y ayudas sociales por el hecho de serlo; los comercios de extranjeros no pagan impuestos; el feminismo discrimina a los hombres, y los menores migrantes no acompañados son delincuentes.
En todos los casos, los argumentos que se esgrimen son el perfecto ejemplo de aquello que supuestamente pretenden combatir: medias verdades, que como todo el mundo sabe, son mentiras completas. Repasémoslos punto por punto. Contra el supuesto bulo de que la inmigración masiva está detrás del aumento de la delincuencia, el Diari de l’Hospitalet arguye que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de condenados en 2021 en Cataluña, el 62,1% era español. En primer lugar, llama la atención que se remitan a la cifra de 2021, cuando estamos entrando en el último trimestre de 2024. ¿De veras no dispone el aparato de propaganda del PSC de datos más actualizados? ¿O es que los datos a día de hoy no son tan favorables para sustentar sus falacias?
Lo cierto es que, también según datos del INE, en 2023 fueron condenadas en Cataluña 47.650 personas adultas, y de estas, 28.030 tenían nacionalidad española (58,8%) y 19.620 extranjeras (41,1%). Si tenemos en cuenta que, a 1 de enero de 2023, había en Cataluña 1.361.981 personas extranjeras censadas, nos encontramos que los extranjeros, siendo solo el 17% de la población, cometen más del 40% de los delitos. Por otra parte, según el Departamento de Justicia de la Generalitat, en las cárceles catalanas, los extranjeros superan ya en número a los españoles.
Si nos centramos en Hospitalet, llama la atención el paralelismo en la evolución de la población extranjera censada en la ciudad y la de infracciones penales registradas. Por más que la máquina de propaganda socialista pretenda desmentirla, es evidente la correlación entre el fenómeno de la inmigración irregular masiva y descontrolada de los últimos años y el aumento de la delincuencia. En cuanto a que los extranjeros acaparan las ayudas sociales, se nos dice que estas se otorgan en función de los ingresos y que en ningún caso la nacionalidad del solicitante es un factor que determine la concesión de dichas ayudas.
Teniendo a todo un señor filósofo como Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, es muy de lamentar que los socialistas no alcancen a utilizar falacias más elaboradas que esta vieja estratagema, conocida como “el espantapájaros” y que consiste en combatir un argumento que tergiversa y ridiculiza lo que realmente ha dicho el adversario. Honorable President, por favor, ilustre a sus compañeros de partido con unas sencillas lecciones de Lógica básica.
En este caso, se pretende rebatir algo que nadie ha afirmado. Nadie dice que los inmigrantes reciban pagas por el mero hecho de serlo. Lo que VOX denunció hace ya dos años en el Parlamento de Cataluña es que el número de extranjeros que perciben ayudas sociales no guarda proporción con su peso demográfico en la sociedad catalana y que supone detraer recursos públicos a la población española más necesitada. Esto es innegable por razones obvias: los inmigrantes, muy especialmente los que entran irregularmente en España, están en mayor riesgo de pobreza y, por tanto, absorben buena parte de las partidas destinadas a ayudas sociales que deberían haberse destinado a los españoles si no se estuviera produciendo esa avalancha migratoria.
Tras aquella denuncia de VOX, el Govern decidió ocultar la nacionalidad de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de las ayudas al alquiler. No hace falta explicar por qué. Contra el rumor de que los comercios extranjeros no pagan impuestos, nos recuerda el Diari de l’Hospitalet que ningún negocio está exento del pago de tributos y que para ejercer su actividad debe tener los permisos pertinentes. Desde luego, no nos cabe duda de que en España nadie está libre del saqueo al que el Estado somete a empresarios y trabajadores.
Pero también sabemos de las muchas irregularidades en los negocios regentados por personas procedentes de culturas en las que los estándares de salubridad y respeto a los derechos de los trabajadores y a las normas de convivencia son muy inferiores a los que debemos exigir en España. Son continuas las noticias acerca de colmados y supermercados pakistaníes en los que los trabajadores están sometidos a un régimen de explotación laboral que raya en la esclavitud, el cierre de establecimientos por vender comida en mal estado o las reyertas callejeras a la puerta de locales de ocio nocturno frecuentados por extranjeros que no respetan los horarios de apertura y cierre y dañan la convivencia vecinal.
En definitiva, el tema no es si los comercios extranjeros pagan o no impuestos, sino el hecho de que la laxitud en la labor inspectora por parte de las administraciones públicas lleva a que la forma de proceder de muchos de esos establecimientos incumpla sistemáticamente la legislación española, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos y degradando el entramado comercial de nuestros barrios.
El siguiente tema en el repertorio de supuestos bulos habituales que denuncia el Diari de l’Hospitalet es el de que el feminismo discrimina a los hombres. Hay poco que decir al respecto. Los datos hablan por sí mismos: en España se contabilizan a día de hoy más de quinientas disposiciones que discriminan a los hombres en favor de las mujeres, empezando por la escandalosa reforma del artículo 49 de la Constitución, apoyada por el Partido Popular, que discrimina a los hombres discapacitados. Es una infamia de tal calibre, que no debe sorprendernos que todos los partidos políticos que sustentan ese tipo de políticas sigan empeñándose en ocultarla.
Para el último supuesto bulo denunciado por el Diari de l’Hospitalet, el de que los menores migrantes no acompañados son delincuentes, el aparato de propaganda socialista no encuentra más recurso dialéctico que la ya mencionada falacia del espantapájaros —una vez más, señor Illa, instruya a sus secuaces, que están dando una deplorable imagen intelectual—. En efecto, no todos los menores extranjeros no acompañados son delincuentes, pero los datos en Cataluña son irrebatibles: a 30 de junio de 2024 había en las cárceles catalanas 511 jóvenes de 18 a 22 años y, de estos, el 75,43% eran inmigrantes. La nacionalidad predominante entre ellos es la marroquí, con 236 reclusos, lo que representa el 46,18% de la población penitenciaria en esta franja de edad, dato que contrasta vivamente con el hecho de que los marroquíes radicados en Cataluña no alcanzan al 3% de la población total de esta región.
Por otra parte, incluso las cifras con las que el Diari pretende rebatir este supuesto bulo sirven para todo lo contrario: confirman que los menas delinquen más que los jóvenes españoles. Se señala que «según datos del Ministerio del Interior, en 2022 se detuvo o investigó en España a 5.710 menores extranjeros, frente a 18.739 españoles». Lo que no dicen es que, en ese año 2022, había 11.417 MENAS registrados en España. ¿Está insinuando el Diari de l’Hospitalet que uno de cada dos menas es un delincuente? Estamos seguros de que no, para empezar porque la cifra que ellos aportan se refiere a jóvenes extranjeros en general, no sólo menores no acompañados. Son torpes hasta para mentir.
Francisco González
Portavoz de VOX en Hospitalet de Llobregat
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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