La rotunda sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas marca un antes y un después en la política española. Las condenas de 24 años de cárcel para José Luis Ábalos y casi 20 años para Koldo García no son un asunto sectorial. El dictamen judicial sitúa el origen de esta organización criminal en el núcleo íntimo que aupó a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE. La gravedad de los delitos de malversación y cohecho cometidos en el corazón de la Moncloa inhabilita por completo al actual Ejecutivo para actuar como un interlocutor válido.
Ante esta degradación institucional, el Partido Popular y Vox tienen la obligación moral de aplicar un cordón sanitario absoluto e inmediato al Gobierno. No cabe espacio para el pasteleo ni para la cortesía parlamentaria. La permanencia de Sánchez en la presidencia del Gobierno, fingiendo normalidad mientras su círculo más estrecho es condenado de forma unánime por el Supremo, exige una respuesta contundente de la oposición. La única salida aceptable ante esta crisis democrática es la dimisión inmediata del jefe del Ejecutivo.
Hasta que esa renuncia se produzca, el centroderecha debe decretar un apagón total en sus relaciones con el sanchismo. Esta estrategia implica suspender cualquier tipo de contacto institucional, reunión bilateral o negociación en marcha. No se puede pactar la renovación de órganos reguladores, ni negociar leyes, ni mantener conversaciones discretas en los pasillos de las Cortes con un partido salpicado por la corrupción sistémica. Sentarse a negociar con el actual PSOE significa blanquear una gestión que el Supremo ha calificado como un grave deterioro para la arquitectura democrática.
El presidente del Gobierno intentará resistir en el poder a toda costa recurriendo a su habitual manual de resistencia y distracción. El Ejecutivo ya busca desviar la atención arremetiendo contra la oposición y minimizando el impacto de ver a su exsecretario de organización caminado hacia la prisión. Por ello, la firmeza de la alternativa política deber ser inquebrantable, evitando caer en las trampas dialécticas de la factoría de la Moncloa. Ni una foto conjunta, ni un acuerdo de mínimos, ni el más mínimo gesto que sugiera una normalidad democrática que hoy no existe.
La tibieza en este escenario solo serviría para cronificar la impunidad política que la izquierda pretende instaurar. Los votantes de centroderecha no entenderían que, mientras los tribunales certifican la corrupción en el seno del sanchismo, la oposición tienda puentes o valide acuerdos de Estado con el investigado. La respuesta debe ser unánime, firme y coordinada entre las fuerzas constitucionalistas. La complicidad por omisión o la búsqueda de un rédito partidista menor a corto plazo erosionaría la credibilidad de la única alternativa real de gobierno.
España necesita recuperar la dignidad y la limpieza en sus instituciones públicas de manera urgente. El aislamiento parlamentario y político del PSOE es la herramienta legítima y necesaria para forzar el fin de una etapa caracterizada por el asalto institucional. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal deben liderar este bloqueo sin fisuras ni dobles lenguajes. El mensaje hacia los ciudadanos tiene que quedar meridianamente claro: con el Gobierno de la condena de Ábalos y Koldo no se pacta absolutamente nada.
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