La sección sindical de la Prisión de Ponent, el centro penitenciario en el que el rapero Pablo Hasél está cumpliendo su condena, ha pedido a la dirección de la cárcel y a la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat a “tomar las medidas oportunas para evitar que nuestro centro de trabajo se convierta en un circo mediático, a que hechos como los relatados no vuelvan a suceder y a que se valore la responsabilidad legal que pueda tener este acto”.
Dicho sindicato se refiere a la visita que un diputado de la CUP, Albert Botran, hizo a Hasél en la prisión el 3 de marzo. Le acusan de “aprovecharse de su condición, y de los privilegios que se le conceden para realizar un acto de dudosa legalidad en el interior del centro”.
Detallan que “algunos de los privilegios que se le conceden a este diputado, gracias a su cargo como diputado en el Congreso” son “por ejemplo, poder entrar sin ser registrado y con algunos objetos no permitidos, como un teléfono que pudo entrar en el centro, presumiendo que, dado su cargo, ha de estar disponible las 24 horas del día para poder cumplir con sus deberes con la ciudadanía”.
La sección sindical de CC.OO denuncia que “aprovechando estas ventajas que le ofrece su condición esta persona se ha dedicado a hacer fotos de esta entrevista, publicándolas en diversas redes sociales, con carácter tanto propagandístico como de manera amenazadora, llegando finalmente estas fotos a varios medios de comunicación, exponiendo elementos de seguridad y privacidad tanto en nuestro centro, como la labor que realizamos los profesionales que trabajamos en él”.
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