En Cataluña se ha decretado la prohibición de salir del municipio de residencia desde la 6h del viernes a las 6h del lunes y eso es abiertamente inconstitucional. Los confinamientos municipales son desproporcionados y contrarios al derecho fundamental a la libre circulación. Solo un estado de excepción podría permitirlo. El coronavirus se combate con medidas sanitarias como la realización de tests masivos, el trazado de los contagios mediante rastreadores, la dotación de todos los recursos técnicos y humanos, y las demás medidas sanitarias protectoras de la salud pública pertinentes, pero no con prohibiciones que afectan a la libertad de la gente sana.
La declaración de Estado de Alarma del pasado 25 de octubre retiene el mando único para combatir la pandemia en manos del Gobierno de España y delega en las Comunidades Autónomas su ejecución, sin que las “restricciones” en el ejercicio de los derechos fundamentales puedan ser “suspensiones” como así ha decidido la Generalitat. Es ilegal, arbitrario y abusivo que por la incompetencia de los responsables del Gobierno autonómico todos los ciudadanos estemos recluidos en nuestros municipios porque no han sabido contener la propagación del virus, equivale a “matar moscas a cañonazos” y afecta a la salud física y psíquica del conjunto de la gente, a la que se le impone sacrificios como si fuéramos súbditos y no ciudadanos de pleno derecho.
La falta de proporcionalidad es palmaria y los perjuicios son difícilmente asumibles. En derecho, las prohibiciones o admoniciones sin cobertura legal bastante son nulas de pleno derecho y obligan al resarcimiento del mal causado. El poder político no puede ejercerse despóticamente y en fraude de ley mediante la utilización de la figura de los decretos para afectar derechos fundamentales. La cláusula de salvaguarda normativa exige rango de ley orgánica y control judicial efectivo.
Nada de eso estamos viendo. Al contrario, el Gobierno decreta y los gobiernos autonómicos modelan y modulan lo decretado en un ejercicio de delegación fraudulento e inconstitucional. Es cierto que la fórmula empleada dificulta el recurso a los tribunales ordinarios pero no la impide en todo aquello que “groseramente” exceda del verdadero alcance de unas medidas destinadas a ser respetuosas con los derechos que se ven restringidos o limitados, algunos incluso suspendidos.
En un imposible ejercicio de esquizofrenia política Pedro Sánchez ha decidido presentarse como responsable del estado de alarma pero irresponsable de sus efectos. No sucede en ningún país de Europa, ni siquiera en los estados federales. Tampoco que se haya procurado inmunidad frente al control parlamentario y que haya encarecido el control judicial. La vía ante el Tribunal Constitucional es de respuesta tardía, la acción ante los tribunales ordinarios por los excesos que se están produciendo no debería serlo.
La dificultad radica en la vestidura legal que se ha diseñado no para protegernos sino para protegerse. Lo fácil es rechazar la impugnación por la apariencia en lugar de estimarla por sus consecuencias. La ciudadanía sufre el drama de la muerte y la enfermedad, padece el cierre económico y social y languidece encerrada por agotamiento y estrés personal. Resulta evidente que el virus es el principal responsable de esta terrible situación pero los que nos gobiernan la están manejando con incompetencia, frivolidad, insensibilidad y deshonestidad. Tal vez la resistencia, la crítica y la memoria colectiva cuando esto pase sea lo único a lo que ahora podamos aferrarnos.
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