A lo largo de estos convulsos años del “procés” muchas voces han defendido la necesidad de recuperar el discurso y el espacio político catalanista. Los defensores del catalanismo lo describen como el lugar de encuentro natural de la sociedad catalana, el justo medio término entre los extremos, la fórmula ideal para acabar con la división. En un plano práctico, el catalanismo ofrecería una alternativa electoral a los independentistas circunstanciales o de nuevo cuño; una opción catalanista, pero no separatista, permitiría deshacer el empate actual entre bloques.
La verdad es que, si alguna vez existió ese catalanismo bienintencionado y cargado de virtudes, su proyecto político y cultural está agotado. Cataluña es hoy una de las regiones con mayor autogobierno del mundo. La lengua y la cultura catalana gozan de un reconocimiento y una protección excepcional. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución, resulta difícil encontrar ámbitos en los que el autogobierno pueda ser ampliado sin romper definitivamente sus costuras.
La conversión de España en un Estado confederal, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, o la homogeneización forzosa de la sociedad catalana que defiende una parte de la izquierda no sólo no caben en la Constitución, sino que rompen los consensos básicos de la sociedad catalana y del conjunto de la sociedad española, abocándonos a conflictos más graves.
¿Cómo solucionar entonces la “desafección” de una parte de la sociedad catalana y recomponer la convivencia? Después de todos estos años de debate, se ha puesto de manifiesto la debilidad y perversidad de los argumentos nacionalistas. Problemas normales en cualquier sociedad plural y en cualquier Estado descentralizado han sido exagerados hasta el paroxismo por una clase política, mediática y cultural que ha hecho del conflicto su modus vivendi. Cualquier intento de satisfacer a esa casta está condenado al fracaso.
Urge arrebatarles el poder y limitar la influencia que ejercen sobre la sociedad a través de una poderosa maquinaria de propaganda y control social. La Administración pública, especialmente las escuelas, universidades y medios de comunicación, tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad catalana; no pueden seguir siendo el coto vallado de los nacionalistas. La democracia española tiene no sólo el derecho sino el deber de defenderse que quienes están socavándola, amenazando los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Contemplado con perspectiva, puede afirmarse que el catalanismo que dominó la política catalana durante tres décadas sólo constituyó un estadio previo del nacionalismo desacomplejado y agresivo actual. Ese catalanismo era sólo un nacionalismo acomodado, o que no se sentía lo suficientemente fuerte para plantear mayores desafíos. No es casual que muchos de los que hicieron bandera del catalanismo, desde las filas de CiU o del PSC, sean hoy independentistas furibundos. La condescendencia y el redentorismo en relación al resto de España anticipaban el supremacismo que se manifiesta ahora abiertamente. El paternalismo con el que se trataba a una parte de la sociedad anticipaba el desprecio y el clasismo de hoy en día.
Se acabó la época de los falsos consensos, de los tabús, del culto a la simbología “nacional”, de los editoriales únicos, y de las invocaciones a un “sol poble”. Los catalanes deberán redefinir sus ideales políticos mirando al futuro y reconciliándose con su identidad plural, rechazando cualquier molde disfuncional y obsoleto.
Juan Arza
Consultor de empresas y analista político
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
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