RTVE ha decidido echar el resto para asegurar la continuidad de David Broncano en la televisión pública. La corporación ha aprobado la renovación de La Revuelta por dos temporadas adicionales, extendiendo el contrato hasta 2028. Esta maniobra supone un compromiso financiero sin precedentes para un formato que nació con una clara misión de contrapoder político y mediático.
La factura de este blindaje no es precisamente austera. El ente público desembolsará 31,5 millones de euros en total, lo que supone un incremento de 3,4 millones respecto al acuerdo anterior. El programa de Broncano ha costado, en total, 59,5 millones de euros en cuatro temporadas. Este aumento salarial para el equipo de Broncano llega en un momento de máxima sensibilidad sobre el uso de los fondos públicos en RTVE.
La estrategia detrás de este movimiento lleva la firma de José Pablo López, quien ha impuesto una lógica de televisión privada en un organismo que no debería regirse solo por el «share». Se busca abatir a El Hormiguero (Atresmedia) a cualquier precio, utilizando recursos que salen directamente del bolsillo de todos los contribuyentes. Resulta paradójico que se persiga la rentabilidad de una cadena privada cuando TVE tiene vetada la entrada de ingresos por publicidad.
Lo más llamativo de esta operación son los tiempos en los que se ha gestado. Aunque el Gobierno y el ente público intentan justificar el gasto basándose en los datos de audiencia de enero, la realidad es muy distinta. La decisión de renovar el contrato se selló a finales de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, sin esperar a los balances de inicio de año.
Este hecho despoja de argumentos técnicos a la dirección de RTVE. No se trata de una decisión basada exclusivamente en el éxito de pantalla, sino de un movimiento preventivo. Parece que la urgencia por asegurar este espacio de influencia era prioritaria frente a cualquier análisis de eficiencia presupuestaria o de servicio público real.
La competencia con Antena 3 ha derivado en una obsesión personal dentro de la corporación. Mientras Pablo Motos lidera con capital privado, TVE responde con un talonario público que parece no tener fondo. Esta distorsión del mercado televisivo genera un agravio comparativo difícil de defender desde la ética de la gestión administrativa.
La falta de transparencia en la toma de decisiones rápidas, como la firma de diciembre, arroja sombras sobre el Consejo de Administración. El aumento de 3,4 millones de euros no parece responder a una mejora del formato, sino a una recompensa por los servicios prestados en la batalla cultural que libra el Gobierno desde sus terminales mediáticas.
Con este nuevo contrato, David Broncano se asegura un retiro dorado en la cadena pública hasta casi el final de la década. Mientras tanto, el ciudadano asiste a una subasta de millones donde el objetivo no es informar mejor, sino ganar la guerra del mando a distancia a base de chequera estatal.
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