El tablero político en Cataluña está sufriendo una sacudida de fondo que la izquierda no logra digerir. Los datos del reciente sondeo del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) son demoledores. Los jóvenes catalanes, tradicionalmente vinculados a posturas progresistas, están girando la mirada hacia la derecha de forma decidida y mayoritaria.
Este informe, basado en 2.000 entrevistas realizadas a finales de 2025, pone fin a la narrativa oficialista del consenso de izquierdas. El crecimiento de las posiciones conservadoras ya no es una anécdota, sino una tendencia estructural. En solo cinco años, la identificación con la derecha ha crecido un 20% entre los varones menores de 35 años.
Resulta llamativo observar cómo la brecha de género se ensancha en las nuevas generaciones. Mientras que las mujeres mantienen una tendencia más cercana a la izquierda, los hombres de 18 a 24 años lideran el cambio. Un 33,7% de ellos se autoubican sin complejos en el espectro de la derecha, desafiando la hegemonía cultural imperante, un porcentaje similar al de los hombres de 25 a 34 años (32,8%). En cambio un 53,9 % de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años se sitúan en la izquierda.
El análisis del director del ICPS, Oriol Bartomeus, intenta encajar estos datos en el argumentario habitual del PSC. Para los sectores cercanos al Gobierno, este fenómeno se despacha como una simple «ola reaccionaria» global. Sin embargo, esta etiqueta parece más una excusa para no analizar los errores propios que una explicación rigurosa de la realidad.
Los jóvenes perciben que el discurso tradicional de la izquierda ha dejado de responder a sus preocupaciones cotidianas. La seguridad, la economía y la gestión de la identidad nacional están pesando más que las consignas ideológicas de manual.
Uno de los puntos más polémicos del sondeo, ahora centrado en toda la población catalana, es la percepción sobre la inmigración. El apoyo a limitar la entrada de extranjeros crece de forma notable entre la población catalana. Es un síntoma evidente de que el modelo de integración actual genera dudas razonables que los ciudadanos ya no temen expresar en las encuestas.
El 63,7% de los catalanes ya se muestra partidario de imponer restricciones a la entrada de inmigrantes. Este dato supone un vuelco sociológico sin precedentes que sitúa a la mayoría de la ciudadanía lejos de las tesis de fronteras abiertas que defiende el Gobierno.
La evolución de esta opinión ha sido meteórica y debería encender todas las alarmas en el Palau de la Generalitat. En apenas dos años, el porcentaje de ciudadanos que pide «poner freno» a la llegada de migrantes ha saltado del 44,4% registrado en 2023 a casi el 64% actual. Este incremento de 20 puntos porcentuales en tan poco tiempo refleja una preocupación social que la clase política no puede seguir ignorando.
Aunque un 52,4% de los encuestados mantiene todavía una percepción teóricamente positiva sobre el fenómeno migratorio, las matizaciones son cada vez más evidentes. El grupo de quienes se declaran abiertamente en contra ya alcanza el 27,8%, mientras que un 16,5% observa la situación con indiferencia. Lo relevante no es la foto fija, sino la tendencia de un rechazo que crece de manera sostenida cada año.
El ICPS, vinculado a la Diputación de Barcelona – gobernada por el PSC – y a la UAB, lleva décadas radiografiando la opinión pública. Que un organismo tan cercano al entorno socialista admita este cambio de ciclo es significativo. La realidad social está desbordando los despachos de la Generalitat y del Gobierno central, donde se resisten a ver el cambio de tendencia.
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