El Ayuntamiento de Gerona ha decidido cruzar una línea roja en la gestión de la contratación pública. A partir de ahora, las empresas que trabajen para el municipio no solo estarán obligadas a usar el catalán, sino que se enfrentarán a castigos económicos si no lo hacen. Esta medida coercitiva supone un endurecimiento sin precedentes en la política lingüística local.
La administración municipal ha incluido estas cláusulas en sus pliegos de condiciones de forma explícita. Ya no se trata de una recomendación o de un mérito puntuable, sino de una imposición contractual bajo amenaza. El objetivo es forzar un bilingüismo unidireccional donde el español queda totalmente excluido del ámbito administrativo y de servicio.
Un ejemplo claro se observa en la reciente licitación para la limpieza de la muestra «Girona, Temps de Flors». En este contrato, se exige que tanto la empresa adjudicataria como sus subcontratas utilicen exclusivamente el catalán. Esto afecta a todas las comunicaciones, rótulos y avisos que se generen durante el desarrollo del evento floral.
Lo que resulta especialmente alarmante es la introducción de un régimen sancionador detallado. El consistorio se reserva el derecho de aplicar multas que oscilan entre el 0,1% y el 5% del valor total de la adjudicación. Es una medida que penaliza la realidad bilingüe de muchos trabajadores y empresas que operan en Cataluña.
La cuantía de la penalidad se decidirá bajo criterios subjetivos del Ayuntamiento. Se tendrá en cuenta la supuesta intencionalidad, la reincidencia o el número de personas que hayan recibido la comunicación en un idioma no deseado por el gobierno municipal. Este margen de discrecionalidad genera una inseguridad jurídica evidente para los licitadores.
Esta deriva intervencionista es propia de una gestión que prioriza la ideología sobre la eficiencia del servicio público. En lugar de buscar la mejor oferta técnica o el precio más competitivo para el contribuyente, Gerona levanta barreras lingüísticas. Se castiga al profesional y se restringe la libertad de empresa por motivos identitarios.
Aunque cláusulas similares han aparecido en otros puntos de Cataluña, Gerona ha dado el paso hacia la sanción directa. Esta política de multas busca amedrentar a las compañías y asegurar que el castellano desaparezca de cualquier rastro oficial. Es un nuevo episodio de la exclusión del español financiado con dinero público.
La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana ha interpuesto un recurso para pedir la anulación del pliego de cláusulas en el que se detallan las sanciones para los potenciales adjudicatarios del servicio de limpieza para la muestra floral que se celebra cada mes de mayo en esta ciudad.
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