El manual de resistencia de Pedro Sánchez tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la creación de enemigos externos para distraer la atención pública. Tras el periplo del argumentario socialista por Gaza y su reciente paso por Minnesota, el líder socialista ha encontrado un nuevo objetivo: Elon Musk y las plataformas digitales. Se trata de una maniobra de distracción clásica para intentar silenciar el ruido mediático provocado por las graves acusaciones de corrupción que cercan a su partido y a su círculo más íntimo.
El pasado jueves, Sánchez decidió bajar al barro digital para enfrentarse directamente con el propietario de X. El magnate había criticado la regularización masiva de medio millón de inmigrantes pactada con Podemos, a lo que el presidente replicó con una frase de tono mesiánico: «Marte puede esperar; la humanidad, no». Es el lenguaje grandilocuente al que recurre el sanchismo cuando necesita ocultar las grietas de una legislatura asfixiada por los procesos judiciales y la inestabilidad.
No contento con el cruce de tuits, el presidente ha aprovechado el World Governments Summit en Dubái para elevar el tono de su cruzada. Allí ha cargado contra lo que él denomina la «tecnocasta», un término acuñado para señalar a los directivos de las grandes tecnológicas. El anuncio de un paquete de medidas para regular el uso de las redes sociales en España parece más una represalia política que un plan de protección social meditado.
Entre las propuestas estrella de Sánchez como maniobra de distracción destaca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años. Si bien la protección de la infancia es una preocupación compartida, el anuncio se produce en un momento de máxima debilidad parlamentaria y judicial para el Gobierno. Resulta cuanto menos sospechoso que la moralidad digital del presidente despierte justo cuando los titulares sobre irregularidades administrativas y tráfico de influencias saturan la agenda de La Moncloa.
Sánchez ha ido más allá, prometiendo acabar con la «impunidad» de los directivos de estas plataformas. Su plan incluye hacerles responsables legales de las infracciones cometidas por terceros y tipificar como delito la manipulación de algoritmos. Es una injerencia sin precedentes que busca controlar el flujo de información en el espacio digital, el único donde el discurso oficial todavía encuentra una resistencia crítica y masiva frente a los medios subvencionados.
La persecución a la «amplificación de contenido ilegal» suena, en manos de este Ejecutivo, a un intento encubierto de censura contra las voces que denuncian los abusos del poder. Al señalar a los sistemas automatizados de procesamiento de datos, Sánchez intenta blindar su gestión frente a las métricas que desvelan el descontento social. Es la respuesta autoritaria de quien se siente acorralado por las informaciones que brotan de los juzgados y de los informes de la UCO.
Este giro hacia el intervencionismo tecnológico es una cortina de humo tan densa como las anteriores. Primero fue la política exterior y ahora es la «seguridad infantil» en internet; cualquier tema sirve con tal de no dar explicaciones sobre la corrupción que salpica al socialismo. La táctica es siempre la misma: inventar un villano global para que el ciudadano olvide los problemas locales y los casos de malversación en curso.
La comunidad internacional observa con escepticismo cómo un líder europeo ataca la libertad de empresa bajo pretextos morales mientras su propio gobierno es investigado. La regulación de los algoritmos no borrará las sospechas sobre la financiación del PSOE ni el enriquecimiento ilícito de su entorno.
Además, el presidente pretende que los propietarios de las redes sean castigados por las irregularidades que se cometen con su «consentimiento e interés». Esta pretensión de criminalizar el negocio tecnológico revela una deriva populista preocupante. El objetivo no es mejorar la convivencia digital, sino asustar a quienes permiten que la crítica al sanchismo se propague sin filtros gubernamentales.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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