Artículo cuadragésimo nono: el valor de la ley

¡Hay tantas cosas de las que me gustaría entender mucho! Muchas son del mundo jurídico; en particular, me encantaría ser un experto en derecho constitucional. De vez en cuando (hoy, por ejemplo), me atrevo a decir algo al respecto, pero más que por la osadía propia del ignorante es por pura admiración y por el bien de la causa en que creo. Admiro (ya lo habrá venido observando usted en otros artículos) el progreso que supone para humanidad la elaboración esmerada y el cumplimiento respetuoso de leyes cada vez mejores, más abiertas, más ajustadas también. La ley positiva (negro sobre blanco, escrita y promulgada) es fundamental en una democracia como es debido; ya expliqué cómo entiendo que la legalidad es lo objetivo, mientras que la legitimidad –por la que claman a menudo algunos secesionistas- es algo subjetivo, que se moldea a voluntad y sirve a la manipulación como singular herramienta.

Admiro (también lo habrá observado usted) a la práctica totalidad de los protagonistas de la Transición política; y, con ella, el espíritu de la Constitución de 1978, aun reconociendo sus imperfecciones y aquellos aspectos en los que se quedó corta –pasa, me temo, con toda ley- pero para eso están las reformas que la propia ley suprema admite.

Bien sabido es que sus padres, durante la Transición, estaban animados por un espíritu de consenso que no se había dado antes en la redacción de ninguna otra constitución en España, pues siempre fueron elaboradas exclusivamente por una parte que estaba pensando en dominar a la de enfrente; esta vez se pretendía que fuese la constitución de todos sin excepción y ya sólo eso es de un valor incalculable. No hace falta dominar la historia de los últimos dos siglos para darse cuenta de estas cosas y, en consecuencia, estar en condiciones de valorarlas aunque sea mínimamente.

Al hilo de esto, hoy me gustaría –como ha hecho ya alguno antes de mí- destacar de entre sus virtudes una que me parece poco alabada y es la de que esta Constitución promueve en el fondo un patriotismo nuevo y muy puro, que es español (¡claro está!) pero que está exento de cuestiones identitarias y, por lo tanto, es distinto; se trata de lo que puede llamarse un “patriotismo constitucional”. Me explico: esas “partes” históricas a las que me acabo de referir y que elaboraron constituciones, siempre estuvieron tiznadas -desde que se sentaban a escribir- por sus ideologías particulares. Eran progresistas o conservadoras, católicas (incluso clericales) o ateas (incluso anticlericales o anticatólicas), etc. Esta forma de legislar las cartas magnas, acababa siempre en conflicto; insisto en que no hace falta dominar la historia de España en esos doscientos años para constatarlo; así la vemos tan cuajada de guerras civiles incluso en épocas todavía recientes.

El “patriotismo constitucional” que digo, está basado en presupuestos jurídicos más que identitarios; los españoles de cualquier credo, cualquier afinidad política, cualquier región o lengua materna, tienen unas reglas de juego comunes para organizar su convivencia en paz y, para cuando estas normas puedan fallar en la prevención de los conflictos, tienen también unos procedimientos legales que los resolverán. Un Estado de derecho como es debido (“com cal!”, decimos en mi pueblo).

Las ideologías están al margen pero se cuenta con ellas; también se cuenta con el hecho de que si el pueblo no es homogéneo no puede haber una organización territorial homogénea; y con que existe un pasado común pero lo que importa es el futuro común, el proyecto es ése: la ley, esta ley, una ley de leyes común en la que cabe ser tradicionalista o progresista, republicano o monárquico, católico o ateo, laicista, catalán o vasco o canario. Lo que hay en la base es el concepto de ciudadanía, más allá de toda otra condición personal, y ni siquiera se le exige al ciudadano lealtad alguna a nada sino respeto a esa Constitución que ha de ser la garantía de todas nuestras libertades y derechos, incluido el derecho de opinar en su contra.

Como tengo el vicio de cuestionarme todo, alguna vez me he cuestionado la idoneidad de tanta insistencia (del gobierno de España anterior al actual) en el cumplimiento de la ley en la cuestión del “procés” y la necesidad de acudir a los tribunales para restaurarla; pues bien, pensar en este patriotismo constitucional propuesto a todos, desideologizado para todos, asumible por todos, razonable “aquí y en Lima”,  me ha satisfecho y tranquilizado; tan sólo he echado de menos la pedagogía que necesariamente habría de estar acompañando siempre tal insistencia.

Así explicado, o de forma similar pero más lograda que la mía, me parece que tendría un efecto benefactor en la sociedad y opinión pública general, con la única excepción de aquellos a los que no les sirve nada que no sea la satisfacción de su propia obsesión separatista; aquellos que están fuera de una Constitución que abarca a todos, tan sólo porque ellos mismos se han puesto fuera (cuando alguna vez la invocan, es mero tacticismo).

Visto así, el valor de la ley es máximo. Un golpe de Estado con las armas, con las armas ha de ser combatido. Un golpe (de Estado) a la legalidad del Estado, con la ley hay que combatirlo: tribunales a corto plazo para restablecerla, Parlamento a más largo plazo para mejorarla. Como en la legítima defensa colectiva ante un ataque armado, los principios de: necesidad (en este caso no hay cuidado de última ratio), proporcionalidad de medios y fines (irrefutable por sí mismo), e inmediatez de la respuesta (por eficacia y para evitar que sea interpretable como represalia). No sé qué estamos pensando.

El secesionismo periódicamente invoca –hipócrita y escandalizado- el viejo fantasma de los tanques entrando por la Diagonal de Barcelona y no se cansa de señalar la ausencia de violencia bélica de su movimiento para que el fantasma sea más fantasmagórico; pero también clama –hipócrita y escandalizado, lógicamente- por la terminación de lo que llama la “vía judicial” para que se conviertan en fantasmas también la toga y los barrotes ante lo que, dicen, no es más que un asunto político. ¿Pues qué hemos de hacer los demás?, ¿callar y dejar que siga la tropelía por el camino que lleva?, ¿dejar que consigan lo que les place?, ¿dejar que cunda el ejemplo?, ¿tirar todo por la borda?

El secesionismo extorsiona y delinque; el secesionismo se comporta como un adolescente ignorante, intransigente, insaciable, insolente… todo muy “in”. Tomen nota delincuentes y adolescentes: hagan lo que les venga en gana y llámenle “política”, escandalícense luego –como buenas víctimas- de cualquier consecuencia que tenga su acción, a ver qué pasa…

Acabo hoy con tres ideas de mi maestro Sabino, que vienen al caso y son coherentes entre sí. La primera va dedicada al delincuente: “Lo peor no es realizar una acción vituperable, sino llegar a convencerse de que es lícita”. La segunda es para el adolescente: “Hay una cosa infinitamente peor que ser tonto y es pasarse de listo”. La tercera es para el Gobierno de España: “Cuando se facilita el camino al grosero para que realice sus groserías, o no se le demuestra que las comete, lo más probable es que siga cometiéndolas y que, además, piense que su conducta es correcta”. No sabía él cuando las dijo (sobre otros asuntos), lo bien que me vienen hoy para explicar lo que siento (sobre éste).

Por Ángel Mazo


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