En la Cataluña de Pere Aragonès y Carles Puigdemont el español ha de ser perseguido en todas partes, no solo en la escuela o en la universidad, ámbitos en los que desde la Generalitat se alienta la delación lingüística, sino en los comercios, los bares, las administraciones públicas o los centros sanitarios.
Y es que tras el fracaso del «España nos roba» y el «España nos mata» para conseguir una mayoría que empuje hacia la secesión de Cataluña el puente de mando separatista se ha sacado de la manga el «España quiere acabar con el catalán», y para luchar contra esta ‘amenaza’ ficticia, pero que usan como propaganda, se dedican a criminalizar a la lengua española.
Si hay centenares de escuelas con la pancarta “por un país de todos, la escuela en catalán” o sindicatos de ámbito nacional – UGT y Comisiones Obreras – que forman parte de plataformas que luchan para excluir el español en las aulas, es que para el separatismo todo vale para convertir a millones de catalanes hispanohablantes en seres sin derechos.
Ante la imposición solo queda rebelarse cívicamente contra el supremacismo lingüístico de ERC, Junts y la CUP y exigir nuestros derechos lingüísticos ante los tribunales. Y no rendirnos ante el totalitarismo cultural que ejerce la Generalitat y sus aliados.
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