El anuncio de una nueva regularización extraordinaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un efecto llamada con consecuencias imprevistas. En las últimas semanas, las oficinas consulares y comisarías han registrado colas interminables de ciudadanos extranjeros. Lo que parecía un proceso administrativo ordinario se ha convertido en un desafío para la seguridad nacional.
La policía ha detectado una anomalía que ha encendido todas las alarmas en las jefaturas superiores y que ha sido denunciado por el digital ‘El Caso’. En apenas una semana, las denuncias por pérdida de pasaportes se han multiplicado de forma exponencial. Fuentes de los Mossos d’Esquadra consultados por ‘El Caso’ confirman que esta situación es del todo atípica y responde a un patrón organizado.
El volumen de documentos supuestamente extraviados alcanza ya los varios miles en distintos puntos de Cataluña y el resto de España. Los ciudadanos que denuncian estas pérdidas proceden mayoritariamente de Pakistán, India, Bangladesh y Argelia. Solo los consulados ya han expedido más de 3.000 certificados de pérdida en un tiempo récord.
Esta oleada de denuncias coincide matemáticamente con la aceleración del debate político sobre la regularización en el Congreso. No es una casualidad, sino una estrategia detectada por los servicios de información policial. La coincidencia temporal entre el anuncio del Ejecutivo y el extravío masivo de documentos es absoluta.
El objetivo de esta maniobra es sencillo pero eficaz para burlar la legalidad vigente. Al denunciar la pérdida del pasaporte original, el ciudadano extranjero consigue un documento nuevo totalmente «limpio». De este modo, se eliminan los sellos de entrada que acreditarían la fecha real de llegada a territorio español.
Sin el pasaporte original, resulta imposible para las autoridades verificar el tiempo de estancia efectiva en el país. Este es un requisito indispensable en el acuerdo pactado entre el PSOE y sus socios de izquierda. La picaresca permite falsear el cumplimiento de los ocho meses de residencia exigidos por la nueva normativa.
La policía sospecha que muchos de estos ciudadanos llevan en España mucho menos tiempo del que declaran en sus denuncias. Al obtener un nuevo pasaporte mediante un falso testimonio, pueden acogerse fraudulentamente al proceso de regularización. Se trata de un atajo legal que pone en entredicho la rigurosidad del sistema administrativo.
España ya ha vivido seis procesos de este tipo en su historia democrática, siendo el último el de 2005 bajo el mandato de Zapatero. Sin embargo, la actual propuesta del gabinete de Sánchez parece haber subestimado la capacidad de reacción de las redes de inmigración irregular. La falta de previsión gubernamental ha dejado a los pies de los caballos a las fuerzas de seguridad.
Los investigadores ya han abierto diligencias para aclarar el origen de este fraude masivo y coordinado. Los agentes subrayan que, aunque perder un documento es un hecho cotidiano, este incremento concentrado no tiene precedentes. La sensación de descontrol en las fronteras y en los registros se extiende entre los mandos policiales.
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