La renovación de David Broncano en Televisión Española es un insulto a la lógica presupuestaria. El ente público ha comprometido otros 31,5 millones de euros por dos temporadas adicionales de La Revuelta. Con este movimiento, el montante total destinado al humorista alcanza ya los 59,5 millones en un periodo de cuatro años. Es una cifra astronómica para un país que atraviesa urgencias sociales evidentes.
El acuerdo se ha cerrado con una celeridad sorprendente. El contrato actual ni siquiera había expirado, pero el Gobierno ha preferido dejarlo todo atado y bien atado hasta 2028. Este blindaje garantiza que el presentador siga en antena incluso si se produce un cambio de ciclo político. Cada entrega del programa pasará a costar casi 100.000 euros, un incremento injustificable que sale directamente del bolsillo del contribuyente.
Resulta escandaloso que se priorice el entretenimiento ideologizado frente a la inversión en servicios esenciales. Mientras se riegan con dinero público productoras aliadas del poder, sectores como la sanidad o la dependencia sufren carencias estructurales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece más preocupado por controlar la narrativa juvenil y el prime time que por resolver los problemas reales de los ciudadanos.
La sombra de la politización en RTVE es cada vez más alargada. No es casualidad que este contrato millonario se haya gestionado bajo la nueva gobernanza de la corporación, diseñada a medida para evitar controles internos. El programa se ha convertido en una herramienta de agitación suave que sirve a los intereses de La Moncloa. Se utiliza la ironía y el humor para blanquear una gestión política cuestionable y atacar sistemáticamente a la oposición.
Enriquecer de esta forma a una productora privada con fondos de todos es una indecencia moral. España no puede permitirse el lujo de gastar 60 millones de euros en chistes de dudoso gusto mientras se ignoran las necesidades de las familias. Esta «revuelta» no es contra el sistema, sino una pieza clave del sistema que Sánchez ha construido para perpetuarse. Es, en definitiva, un uso partidista y abusivo de los recursos que deberían ser de todos.
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