Xabier García Albiol ha vuelto a sacudir el tablero político con una defensa cerrada de su modelo de seguridad en Badalona. Tras el reciente desalojo de unas 200 personas en el antiguo instituto B9, el alcalde ha respondido a las acusaciones de discriminación con una contundencia poco habitual. A través de un vídeo en sus redes sociales, Albiol ha dejado claro que la prioridad de su gobierno es restablecer el orden público, independientemente del origen de los infractores.
El regidor del Partido Popular ha sido tajante al rechazar las críticas de la izquierda, que intentan teñir de racismo una actuación puramente administrativa y legal. Para Albiol, la lucha contra la ocupación no entiende de colores de piel, sino de cumplimiento de la normativa vigente. «Luchamos contra la ocupación ilegal sean blancos o negros», ha sentenciado, buscando desactivar el relato victimista que suele rodear estas intervenciones policiales.
En el material audiovisual difundido, se observa al alcalde enfrentándose directamente a quienes pretenden vivir al margen de la ley. Albiol no se esconde y aparece en primera línea, recriminando su actitud a ocupantes que, en muchos casos, hacen de la usurpación de propiedades su modo de vida. Las imágenes muestran una realidad que los despachos oficiales a menudo ignoran: la desesperación de los vecinos ante la degradación de sus barrios.
Uno de los momentos más destacados del vídeo muestra al alcalde confrontando a un presunto «profesional de la ocupación». Albiol le acusa de lucrarse gestionando varias naves ocupadas, cobrando ilegalmente a otras personas por acceder a ellas. Esta denuncia pone el foco en las mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad y de la falta de vivienda para hacer negocio, un problema que el populismo de izquierdas rara vez menciona.
Frente a la versión de los ocupantes, que intentan escudarse bajo el paraguas de supuestas «asociaciones culturales», el Ayuntamiento de Badalona contrapone pruebas de actividades delictivas. La respuesta vecinal que se percibe en las imágenes es de un apoyo mayoritario a las medidas de fuerza del consistorio. Se ven concentraciones de ciudadanos que aplauden los desalojos, evidenciando el hartazgo de quienes sufren ruidos, inseguridad y suciedad en sus portales. Albiol capitaliza este sentimiento, presentándose como el único representante público capaz de aplicar la «tolerancia cero» frente al caos inmobiliario.
El discurso del alcalde de Badalona choca frontalmente con la retórica de los partidos que integran el Gobierno de España. Mientras desde Madrid se promueven leyes que a menudo protegen más al ocupante que al propietario, Albiol utiliza las competencias municipales para marcar un camino alternativo. Su estrategia se basa en la visibilidad y en el contacto directo con el conflicto, huyendo de los eufemismos habituales en la política catalana.
La izquierda política y los colectivos pro-ocupación han intentado utilizar el desalojo para desgastar la imagen del alcalde, pero él ha preferido pasar al ataque. Al mostrar la cara oculta de la ocupación —drogas, mafias y molestias vecinales—, Albiol traslada la presión a sus críticos. Les obliga a elegir entre defender el derecho a la propiedad y la convivencia o seguir amparando situaciones de ilegalidad manifiesta.
El caso de Badalona se ha convertido en un símbolo de la gestión de la seguridad desde el centro-derecha en Cataluña. Con su estilo directo y sin complejos, Albiol demuestra que es posible abordar el problema de la ocupación de frente. El vídeo difundido es, en definitiva, un mensaje de autoridad que busca garantizar a los ciudadanos que su ayuntamiento no mirará hacia otro lado ante el incumplimiento de las normas.
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