El Consejo de Ministros vive en un estado de provisionalidad permanente, marcado por el calendario electoral y la supervivencia de Pedro Sánchez. La última remodelación, que ha situado a Milagros Tolón en Educación y a Elma Saiz como portavoz, es solo el preludio de una crisis de mayor calado. El foco está ahora sobre María Jesús Montero, quien ya tiene fecha de caducidad en el Palacio de la Moncloa. Su destino es Andalucía, donde intentará recuperar para el socialismo una plaza que hoy parece inexpugnable para la izquierda.
Sin embargo, Sánchez se resiste a soltar el lastre de su vicepresidenta primera antes de tiempo. A pesar de que las voces críticas dentro del propio PSOE advierten sobre el riesgo de que Montero se aleje de la realidad andaluza, el presidente tiene otros planes. La ministra de Hacienda tiene dos misiones críticas que cumplir antes de cruzar Despeñaperros: presentar unas cuentas públicas que nadie cree que saldrán adelante y articular una financiación autonómica que satisfaga las exigencias del separatismo catalán.
La situación parlamentaria del Ejecutivo es de extrema debilidad tras la ruptura con Junts, lo que convierte la presentación de los Presupuestos de 2026 en un ejercicio de equilibrismo político. Montero pretende usar el Ministerio como plataforma electoral, prometiendo inversiones en Andalucía que difícilmente verán la luz sin el apoyo de los socios de investidura. Es el uso partidista de las instituciones llevado al extremo, utilizando el Boletín Oficial del Estado como folleto de campaña.
Resulta llamativo que el Gobierno intente vender normalidad mientras los escándalos de corrupción siguen asediando sus cimientos. La salida de Pilar Alegría hacia Aragón se ha producido en medio de un clima de tensión interna, donde Sumar exige una purga más profunda tras las revelaciones del caso Koldo. Sánchez, fiel a su estilo, ha optado por un cambio cosmético, ignorando las peticiones de sus socios para no dar muestras de flaqueza ante la opinión pública.
Montero, por su parte, juega a la ambigüedad sobre su salida definitiva. En unas declaraciones la SER ha dejado claro que su examen es semanal, pero su intención es agotar hasta el último minuto su estancia en Madrid. Quiere presentar el modelo de financiación pactado con ERC como un «logro» para Andalucía, ocultando que el cupo catalán perjudica directamente a la solidaridad interterritorial. Es un relato difícil de sostener en una tierra que históricamente ha defendido la igualdad entre españoles.
La estrategia de Montero es peligrosa para los intereses generales, pero útil para las necesidades de supervivencia de Sánchez. Al mantenerla en el cargo, el presidente se asegura una gestora de confianza para los fondos públicos en un año electoral clave. No importa que la gestión esté paralizada o que los apoyos legislativos se hayan esfumado; lo importante es mantener el control de la caja hasta que las urnas dicten sentencia en junio.
El descalabro del PSOE en Extremadura no ha servido de lección para una Moncloa que prefiere el atrincheramiento a la autocrítica. La llegada de Tolón y Saiz no aporta el aire fresco que el Gobierno necesita, sino que refuerza el perfil de «partido resistente» frente a la adversidad. Se prioriza la lealtad personal al líder por encima de la eficiencia administrativa en carteras tan sensibles como la de Educación o la Portavocía del Ejecutivo.
Andalucía observa con escepticismo este baile de sillas. Mientras Juanma Moreno consolida su gestión, el socialismo andaluz sigue dependiendo de los dictados de Madrid y de una candidata que parece tener más interés en los despachos ministeriales que en los problemas de los pueblos andaluces. La bicefalia entre la vicepresidencia y la candidatura regional genera una distorsión que solo beneficia al centro-derecha, que asiste a la descomposición de un modelo agotado.
La reforma de la financiación autonómica es la última gran carta de Montero. Pretende vender un sistema de «privilegios a la carta» como una mejora generalizada, un argumento que choca frontalmente con la realidad de los datos. El pacto con Esquerra es una losa que la ministra tendrá que cargar durante toda su campaña, por mucho que intente disfrazarlo con promesas de mayor autonomía y recursos para la sanidad o el transporte.
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