La Fiesta Mayor de Sitges (Barcelona) ha quedado empañada por la violencia callejera. Una batalla campal entre decenas de jóvenes y las fuerzas de seguridad provocó momentos de gran tensión en pleno municipio. La gravedad de los enfrentamientos obligó a retrasar casi dos horas el inicio de la emblemática Matinal.
La respuesta institucional ha sido tan tardía como insuficiente frente a unos hechos intolerables. La permisividad ante la alteración del orden público vuelve a poner en jaque las celebraciones populares en Cataluña. Los vecinos no pueden asimilar con naturalidad que el incivismo dinamite sus tradiciones más arraigadas.
El PP ha tardado en reaccionar con firmeza ante este grave episodio de inseguridad urbana. Su portavoz local y diputada en el Parlament, Eva García, ha pedido la comparecencia inmediata del concejal del área, David Martínez. Exige respuestas sobre el diseño del operativo y la falta de previsión municipal.
García ha mostrado un respaldo absoluto a la labor desempeñada por la Policía Local y los Mossos d’Esquadra. Los agentes tuvieron que gestionar en primera línea una situación desbordada por el desorden y la violencia. Sin embargo, la dirigente popular advierte de que las fuerzas policiales no pueden asumir en solitario el coste de la improvisación política.
El apoyo efectivo a los agentes del orden requiere garantizar medios humanos y materiales suficientes antes de que estalle el conflicto. Resulta imprescindible contar con instrucciones operativas precisas y una coordinación real entre mandos. No se puede exigir eficacia a la policía si la planificación desde los despachos es deficiente.
El PP considera inasumible que un acontecimiento multitudinario y previsible carezca de la cobertura adecuada. Las aglomeraciones nocturnas y los riesgos asociados a las fiestas patronales son de sobra conocidos por los gestores públicos. Mirar hacia otro lado ante estos indicadores solo genera impunidad en las calles.
Entre las cuestiones planteadas al ejecutivo local destaca el número exacto de efectivos desplegados durante la jornada. El PP reclama saber cuántos agentes estaban previstos inicialmente y cuántos actuaron de forma efectiva. También exige detalles sobre los protocolos de actuación comunicados previamente a las plantillas.
El debate no pasa por señalar el trabajo de los profesionales que intervinieron sobre el terreno. La clave radica en determinar quién diseñó el dispositivo de seguridad y asumió la evaluación de riesgos. La gestión política debe dar explicaciones cuando el orden público se quiebra de forma tan evidente.
El modelo de ocio y convivencia en los municipios catalanes exige un cambio de rumbo firme por parte de sus gobernantes. La tibieza institucional frente a las conductas incívicas acaba castigando a los ciudadanos que buscan disfrutar de sus fiestas en paz. La seguridad ciudadana requiere prevención, autoridad y estrategia, nunca improvisación.
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