Bajo la apariencia de una plataforma civil en defensa de la enseñanza, Somescola esconde un complejo entramado de organizaciones cuyo historial dista mucho de la concordia educativa. Entre los integrantes de esta red destaca Plataforma per la Llengua, una entidad conocida por sus prácticas fronterizas con la vulneración de derechos fundamentales.
Esta asociación, que ha contado con el favor económico de sucesivos gobiernos, incluidos los socialistas, saltó a la polémica por realizar seguimientos de incógnito a niños en los patios para fiscalizar su lengua de juego y de relación social. Resulta alarmante que se pretenda dar lecciones de pedagogía desde una organización que señala a trabajadores del sector servicios y monitoriza la intimidad de los menores sin consentimiento paterno.
El núcleo duro de Somescola no estaría completo sin el músculo movilizador del «procés». Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) aportan su experiencia en la organización de marchas masivas de estética uniformada, propias de otros regímenes, para presionar a las instituciones. Estas entidades, que lideraron la ruptura del orden constitucional en 2017, actúan ahora como guardianes de un modelo educativo que excluye el castellano como lengua vehicular, ignorando sistemáticamente las sentencias judiciales que protegen el bilingüismo.
La vertiente más agresiva de este ecosistema la representa el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Se trata de la misma organización que ha protagonizado escraches y campañas de señalamiento contra alumnos constitucionalistas en los campus universitarios. Su presencia en una plataforma que dice representar a las familias catalanas es una muestra de la deriva sectaria que impregna el activismo lingüístico, donde la intimidación al que piensa diferente parece ser una herramienta de trabajo aceptada y normalizada.
El brazo sindical también juega un papel fundamental en este blindaje del nacionalismo en las aulas. Organizaciones como la Intersindical, junto a las secciones catalanas de UGT y CC.OO., han abandonado la defensa de los derechos laborales tradicionales para abrazar la causa del «derecho a decidir». Su alineamiento con las tesis rupturistas deja huérfanos a miles de trabajadores que no comparten la agenda separatista, pero que ven cómo sus cuotas sirven para alimentar una maquinaria política ajena a sus necesidades reales.
La complicidad de los medios de comunicación públicos, con TV3 a la cabeza, es el elemento necesario para fabricar la ilusión de una «mayoría social» unánime. El relato oficial ignora deliberadamente a las familias que piden libertad de elección y presenta a Somescola como el único interlocutor válido de la sociedad civil. Es una técnica de invisibilización del disidente que busca proyectar una imagen de Cataluña como un bloque monolítico en torno a la inmersión, ocultando la fractura real que existe en la calle.
Resulta escandaloso que este entramado se nutra de fondos públicos para atacar los derechos de la mitad de la población catalana. Los impuestos de todos los españoles acaban financiando a entidades que persiguen al castellano y que fomentan el señalamiento de quienes se atreven a hablarlo en la esfera pública. Es una anomalía democrática que solo se explica por la dependencia política de un Gobierno de la nación que necesita el apoyo de estos grupos para mantenerse en el poder.
La realidad es que Somescola representa a una minoría ruidosa y bien organizada que ha capturado las instituciones educativas. Detrás de sus proclamas en favor de la cohesión social se esconde un proyecto de ingeniería social que utiliza la lengua como barrera de exclusión. No buscan la excelencia académica ni el bienestar de los alumnos, sino la construcción de una identidad nacional excluyente que comienza con el control absoluto de lo que ocurre dentro de los muros de la escuela.
Frente a esta red de presión, es urgente recuperar la neutralidad de los centros educativos y garantizar que ningún niño sea espiado ni señalado por su lengua materna. La libertad no puede ser un concepto subordinado a la construcción nacional, y las instituciones tienen la obligación de proteger a los ciudadanos frente al acoso de entidades que actúan con total impunidad. Mientras se sigan financiando estos chiringuitos ideológicos, la convivencia en Cataluña seguirá secuestrada por el radicalismo lingüístico.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
