El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha presentado una moción para apoyar a los vecinos afectados por la okupación ilegal de viviendas, una problemática que deteriora la convivencia, genera inseguridad en los barrios y perjudica gravemente a propietarios y comunidades de vecinos en esta ciudad gobernada por Antonio Balmón (PSC).
La iniciativa busca reclamar medidas concretas frente a una realidad que afecta de forma directa a muchas familias de Cornellà, especialmente en barrios donde los vecinos llevan años denunciando conflictos, molestias continuas, daños en elementos comunes, enganches ilegales de agua o electricidad, acumulación de residuos y situaciones de inseguridad. La moción parte de una premisa clara: la crisis de vivienda no puede utilizarse como excusa para saltarse la ley ni para abandonar a los propietarios y vecinos honrados que sufren las consecuencias de la ocupación ilegal.
Por otra parte, la intención del Partido Popular de Cornellà, es que centrar el debate en la necesidad de cambiar la ley nacional, apoyando la aprobación del proyecto de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
La moción también plantea que el Ayuntamiento de Cornellà incorpore, a partir de 2027, mediante las correspondientes ordenanzas fiscales municipales, bonificaciones o medidas fiscales compensatorias para aquellos propietarios que acrediten judicialmente que su vivienda se encuentra afectada por una ocupación ilegal o inmersa en procedimientos judiciales de recuperación de la posesión derivados de situaciones de impago prolongado.
El portavoz de VOX en Cornellà, Iván Cánovas, ha denunciado que la okupación ilegal “no es un problema abstracto ni una estadística más, sino una realidad que padecen vecinos concretos, comunidades enteras y propietarios que muchas veces se ven abandonados por las instituciones”.
Cánovas ha señalado que “los vecinos de San Ildefonso y de otros barrios de Cornellà saben perfectamente lo que supone convivir con situaciones de okupación ilegal: conflictos, inseguridad, degradación de los espacios comunes y una sensación de impunidad que no puede normalizarse”. “El 66,7% de todos los denunciados por allanamientos y usurpaciones de vivienda en Cornellà son de nacionalidad extranjera. Es decir, 2 de cada 3 son extranjeros”.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular en Cornellà, Manuel Casado, ha defendido la necesidad de actuar también desde el ámbito nacional, ya que “la realidad jurídica actual impone límites que solo una reforma legislativa puede resolver de forma eficaz”. Casado ha explicado que las enmiendas del Partido Popular buscan reforzar el texto de la moción para que Cornellà se sume a la exigencia de una legislación más contundente frente a la ocupación ilegal.
“Desde el Partido Popular defendemos que los vecinos y los propietarios necesitan herramientas legales eficaces, seguridad jurídica y una respuesta rápida. Por eso pedimos apoyar el proyecto de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal, para proteger la convivencia vecinal, la seguridad de las personas y los bienes de las comunidades de propietarios”, ha afirmado Casado. El portavoz popular ha subrayado que “los ayuntamientos pueden y deben acompañar a los vecinos, pero también es imprescindible que el Congreso apruebe reformas que permitan actuar con mayor rapidez frente a quienes vulneran la ley”.
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