El consistorio barcelonés, dirigido por Ada Colau y Jaume Collboni, ha anunciado este lunes la instalación de 50 nuevos radares en la ciudad, que se unirán a la decena de radares de punto y uno de tramo que ya existen en Barcelona, pero todos ellos se encuentran en los accesos o en túneles.
Rosa Alarcón, concejala de movilidad, ha admitido en rueda de prensa que la medida puede generar «inquietud» entre los conductores, pero ha remarcado que el objetivo no es sancionar sino garantizar que se cumplen los límites, que es la excusa que usan los políticos en estos casos.
El director de servicios de movilidad, Adrià Gomila, ha explicado que desplegarán tres tipos de radares: de tramo, de punto y pedagógicos. Instalar un radar de punto tiene un coste de unos 30.000 euros mientras que uno de tramo cuesta unos 250.000 euros.
Esta medida forma parte de la cacería que el actual equipo de gobierno municipal está llevando a cabo contra los vehículos privados. Colau pretende desterrar a los coches de la ciudad, desde eliminar plazas de aparcamiento en superficie, reducir el número de carriles de circulación, prohibir la velocidad e, incluso, defender, como hizo Janet Sanz, su mano derecha, que la pandemia sirviera para cerrar las fábricas de producción de automóviles.
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