La entidad separatistas Plataforma per la Llengua solo hace la labor para la que nació: trabajar por el monolingüismo, tratando de erradicar el castellano de la vida pública en Cataluña. De ahí que espiara, sin avisar a los padres y los maestros, si en los patios de algunos colegios catalanes se hablaba en catalán o en castellano; o que haya desarrollado aplicaciones de móvil en las que señalar a los comercios que no tengan el nivel de adhesión al catalán al gusto de los nuevos censores lingüísticos.
En vez de seducir a los ciudadanos para potenciar el uso social del catalán, ordenan e imponen, e intentan denigrar, en vano, a un idioma que tiene una potencia lingüística de nivel planetario; el español. En vez de convencer, atacan y ofenden. En vez de intentar que los millones de catalanes castellanohablantes sientan el catalán como algo propio se empeñan en alejarles de este idioma a base de imposiciones y de atacar su lengua materna.
Son muchos los separatistas que, alentados por Plataforma per la Llengua y otras entidades secesionistas, se han lanzado a la caza del camarero o del dependiente que, o bien no atiende en catalán, o bien no lo entiende, sin preocuparles las condiciones laborales del empleado, que acostumbran a pertenecer a las categorías laborales peor pagadas. La imposición lingüística es lo único que les interesa, el «en català, per collons».
Para las administraciones públicas catalanas los únicos ciudadanos que tienen “derechos lingüísticos” son los catalanohablantes. De ellos es la lengua de las escuelas, las administraciones públicas, los medios de comunicación públicos y las universidades. Te pueden multar o denunciar si no lo tienes rotulado todo en catalán, y el español es accesorio. Ha de acabar ya las coacciones, las imposiciones y los ataques a la lengua común a todos los españoles.
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