La Universidad de Barcelona pretende plegarse al separatismo

Mañana el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona va a someter a votación de sus miembros la adhesión al Pacto nacional por el referéndum. Presionado por un grupo de decanos y sus adláteres, el Rector de la Universidad consiente que un órgano que debería representar a todos los componentes de la comunidad universitaria, se pronuncie sobre un tema que no entra dentro de las competencias que tiene legal y estatutariamente establecidas.

Una vez más, la voluntad manipuladora de un pequeño grupo va a intentar suplantar la voz de docenas de miles de personas, pretendiendo hacer ver que la universidad es ideológicamente monolítica, sin respetar ni la pluralidad de sus miembros ni los mandatos legales por los que debe regirse. Se trata, la Universidad, de una entidad pública, sufragada con los impuestos de la ciudadanía, la cual, además, no puede defender, por su propia naturaleza y por la garantía institucional que la acompaña, ideología o posición política alguna.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclamando la neutralidad de los órganos representativos de una comunidad de Derecho y obligando al Colegio de Abogados de Barcelona a abandonar el Pacto por el referéndum antes mencionado, muestra claramente la ilicitud de lo que se pretende y el camino a seguir frente a ello.
Con independencia de que, una vez adoptada, en su caso, la decisión ilegal, quienes no se sientan representados por ella emprendan, como han manifestado que harán, las acciones jurídicas oportunas, mal puede gobernar una universidad un equipo de Gobierno, encabezado por un Rector que no cumple con la legalidad vigente. ¿Con qué autoridad se van a investir? ¿Cómo van a poder obtener el respeto del conjunto de la comunidad universitaria? ¿Y el de la sociedad con cuyos impuestos se financia?
Relegando la UNIVERSITAS al reduccionismo, una de nuestras mejores universidades, se sitúa al margen de lo legal y lo legítimo, quebrando el lema que preside nuestras sociedades, adoptado con la consolidación del constitucionalismo democrático en la segunda mitad del siglo XX, alrededor del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales.

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