En Cataluña tenemos un paro superior al 15%, lo que significa estar por detrás de otras ocho comunidades autónomas en cuanto a indicadores de desempleo. Estamos aproximadamente en la media española, que a nivel europeo está en un ránking vergonzoso: el nuestro es el segundo país con más paro de toda la Unión, por delante de Grecia, que sufre un desempleo de más del 23% y por detrás de Malta, que tiene un 13%. La media europea se sitúa alrededor del 9%, por lo que Cataluña es una de esas regiones en las que los indicadores de desempleo prácticamente duplican la media.
La falta de empleo y la precarización de las condiciones laborales y salariales es la principal preocupación de los catalanes según el CIS, algo perfectamente fundado si se tienen en cuenta indicadores como los señalados anteriormente. Unas condiciones que se suman a los recortes presupuestarios en educación, sanidad y vivienda practicados por los gobiernos de Convergencia, y que junto con otros factores hacen que también estemos a la cola de Europa en igualdad.
Si en Cataluña tuviésemos un gobierno responsable, su prioridad sería poner fin a esa situación. Un gobierno de la Generalitat responsable centraría su acción institucional y los presupuestos a políticas públicas que permitan mejorar esos indicadores y, por tanto, el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, los hechos y las declaraciones demuestran que en la Generalitat están por otras cosas. Lo acabamos de ver con el caso del exconsejero Jordi Baiget, a raíz de sus declaraciones en el El Punt-Avui, que le han costado el cargo al tiempo que han sido reveladoras: al expresar que no formaba parte “del núcleo duro” del Gobierno de la Generalidad, ha quedado claro que las políticas relacionadas con la Empresa y el Conocimiento no son fundamentales para el ejecutivo autonómico.
Esa es la realidad que se vive en Cataluña: el Gobierno autonómico desatiende las políticas que pueden contribuir a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Existe una realidad política y económica que puede medirse con datos, con indicadores económicos y sociales, y que está desatendida sistemáticamente. Los políticos nacionalistas dedican todo su esfuerzo y enormes cantidades de dinero público a la propaganda y a crear un estado de opinión partidario de levantar una frontera con el resto de españoles. Un objetivo que fractura a la sociedad catalana, y que, de consumarse, la dejaría fuera de la Unión Europea.
Es necesario que en el “núcleo duro” del Gobierno de la Generalitat estén aquellas políticas que pueden contribuir a crear empleo de calidad, mejor remunerado y con mejores condiciones laborales. Algo que mientras gobiernen los restos de Convergencia y ERC no sucederá, porque en su proyecto político no está dar solución a las necesidades económicas y sociales, sino alimentar el mito identitario, la épica de las cumbres y los días históricos.
Así que para mejorar la calidad de vida de los catalanes, el primer objetivo debe ser derrotar política y culturalmente al nacionalismo.
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