Yo soy Llarena

El domicilio del Juez Pablo Llarena en Sant Cugat ha recibido el ataque de unos maleantes que han embadurnado la puerta del inmueble con pintura amarilla. Seguro que los biempensantes considerarán que se trata de una gamberrada más, sin demasiada trascendencia. Al fin y al cabo sólo se trata de teñir de amarillo su vivienda, como otros muchos lugares públicos y privados de Cataluña. Y sin embargo cualquier demócrata responsable debe juzgar los hechos como una acción grave y especialmente reprobable.

Me explicaré: si un miembro del poder judicial que ha instruido una causa por rebelión contra las instituciones del Estado y ha acordado el ingreso en prisión preventiva de sus presuntos autores, ve afectada su vida privada de forma reiterada, ¿cómo podrá garantizarse la imparcialidad y rectitud de los miembros de un Tribunal a la hora de impartir Justicia? ¿Acaso no es una acción encaminada a cohibir y condicionar a quiénes ejercen la función jurisdiccional?

Es evidente que eso es lo que se pretende, señalar, estigmatizar y provocar la muerte civil de los encargados de hacer prevalecer el Estado de Derecho en Cataluña. Y para impedirlo, además de la acción de la Justicia es necesario una implicación determinante del resto de los poderes del Estado.

Paradójicamente, ayer en el Congreso el PSOE se oponía a una iniciativa legislativa del PP para garantizar la neutralidad institucional ante la proliferación imparable del lazo amarillo «antidemocrático» en los edificios oficiales y espacios públicos. Su negativa a respaldarla es una forma de avalar la acción salvaje de la izquierda radical independentista. Porque transmite la sensación de que la protesta por el encarcelamiento de los autores de un intento de golpe al Estado está legitimada en sus distintas formas.

No debe olvidarse que más allá de la simbología, el lazo amarillo representa la acusación pública a quiénes no lo portamos de nuestra falta de sensibilidad y respeto por quiénes no han cometido ilegalidad alguna y están en prisión injustamente por culpa de un Estado opresor. Y eso resulta intolerable. Nuestra democracia imperfecta no puede permitirse convivir sin más con personas que fanatizadas por promesas irrealizables están convencidas de que separar a Cataluña del resto de España puede hacerse de forma indolora y con respeto escrupuloso por más de la mitad de los catalanes que no lo desean.

Y la acción decidida de los poderes públicos para garantizar el orden constitucional y evitarlo incumbe a los tres poderes del Estado. El único que está cumpliendo ese mandato democrático es el Poder Judicial, además de la Jefatura del Estado, y los separatistas que lo saben, han hecho del Rey Felipe VI y de los Jueces del Tribunal Supremo el blanco de sus objetivos.

Si el socialismo español está dispuesto a poner en peligro la democracia española por gobernarnos es probable que sea la última vez que lo hagan porque bajo su mandato nos estamos acercando peligrosamente a la fallida estatal.

Respaldar pública y mayoritariamente al Juez Llarena se me antoja vital. Movilizarse y solidarizarse para protegerle y ampararle decisivo. Convocar a la ciudadanía para que haga patente su malestar y preocupación una obligación. Sin garantía de su independencia y plena libertad la nuestra peligra. Por su protagonismo y determinación van a por él. Si consiguieran anularlo no cabe duda de que los próximos seríamos nosotros, los demócratas catalanes. ¡Yo soy Llarena!