Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la provincia de Barcelona dos plantaciones de marihuana ubicadas en dos fincas rústicas sitas en los términos municipales de Santa Maria de Corcó y Manlleu.
Los registros practicados han permitido la aprehensión de 2.962 plantas de marihuana, una pequeña cantidad de marihuana ya procesada, dos carabinas de aire comprimido y munición del calibre 12 entre otros efectos. La energía necesaria para alimentar las instalaciones era tomada fraudulentamente de las acometidas generales, con el consiguiente riesgo que puede generar.
La operación policial desarrollada en la comarca de Osona, se inicia a raíz de las informaciones recibidas en las Unidades policiales actuantes. En ellas se da a conocer que en dos fincas rurales de la zona y bajo la apariencia de ser explotaciones de ganado porcino, se estaría llevando a cabo plantaciones ilegales indoor de marihuana.
Tras una compleja investigación se pudo localizar la ubicación de las instalaciones, si bien las pesquisas policiales se complicaron al tratarse de zonas rurales aisladas en las que resultaba difícil no llamar la atención de los investigados.
El operativo se inició con la inspección en la zona de cría de ganado porcino de una de las fincas y al resultar positiva y tras solicitarse los correspondientes mandamiento judiciales, se practicaron previa autorización judicial los registros en las casas rurales y demás dependencias de las fincas investigadas.
Las instalaciones desmanteladas contaban con todo lo necesario para obtener varias cosechas anuales, y disponía de aparatos de aire acondicionado, lámparas de calor, semilleros, abonos y sustratos, así como el utillaje preciso para una vez procesada la sustancia estupefaciente envasarla para su venta al por menor.
El valor de las plantas intervenidas una vez procesada y distribuída en el mercado negro al por menor, alcanzaría un valor que superaría el millón de euros.
Los cuatro detenidos, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
La investigación fue llevada a cabo por funcionarios de Policía Nacional afectos al Grupo Operativo de la Comisaría de Vic y de la Brigada Local de Policía Judicial de Sant Adrià del Besòs.
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