Resulta difícil calificar de otra manera que no sea «indecencia» el nuevo festín presupuestario que el Departament d’Interior ha servido a los Mossos d’Esquadra. En un alarde de generosidad con dinero público, el Ejecutivo catalán ha sellado un acuerdo que regala 4.000 euros anuales adicionales a la escala básica. Mientras la inflación ahoga a las familias, el Govern prefiere blindar la paz social de su policía autonómica a golpe de talonario.
La brecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no solo se mantiene, sino que se ensancha de forma escandalosa. Un Guardia Civil o un Policía Nacional, que arriesgan su vida en las mismas calles, contemplan con estupefacción este agravio comparativo. Es un insulto que quienes custodian la soberanía nacional sigan percibiendo nóminas que están a años luz de sus homólogos autonómicos.
El colmo de este despropósito es la reducción de 100 horas anuales en la jornada de los Mossos, dejándola en unas envidiables 1.580 horas. Esta medida, sumada al aumento de vacaciones, convierte el servicio policial en Cataluña en una suerte de oasis laboral inalcanzable para el resto. La conciliación, al parecer, es un derecho que el nacionalismo y la izquierda solo garantizan a quienes consideran «propios».
Mientras tanto, en las casas cuartel y en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, la realidad es de una precariedad absoluta. Allí no hay incrementos mágicos de 4.000 euros ni reducciones de jornada para favorecer la vida familiar. El Gobierno central, cómplice por omisión, prefiere mirar hacia otro lado mientras permite que existan policías de primera y agentes de segunda clase.
Esta asimetría salarial es un síntoma más de la deriva de un Estado que premia la lealtad autonómica por encima del sacrificio nacional. Resulta paradójico que los partidos que sostienen al Gobierno de España avalen en Cataluña privilegios que niegan sistemáticamente en el resto del territorio. La equidad que tanto predica la izquierda se detiene justo en la frontera de las competencias transferidas.
El acuerdo de los Mossos también incluye complementos por nocturnidad y fines de semana que ya querrían para sí los agentes de la Benemérita. Es una gestión que prioriza el bienestar de un cuerpo específico para evitar ruidos políticos molestos en la Generalitat. Sin embargo, este «cheque en blanco» se paga con los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que ven cómo su seguridad nacional se debilita.
No es solo una cuestión de dinero, sino de respeto institucional y dignidad profesional hacia quienes vertebran la seguridad de España. Cada euro de incremento en el complemento específico de un Mosso es un recordatorio de la promesa incumplida de la equiparación salarial total. El Ministerio del Interior parece haber dimitido de su responsabilidad de proteger a quienes nos protegen de forma integral.
La desmotivación en la Policía Nacional y la Guardia Civil es un riesgo real que este tipo de acuerdos solo ayuda a alimentar. Ver cómo un agente autonómico recién salido de la academia goza de mejores condiciones que un veterano del Estado es una anomalía democrática. Ninguna justificación basada en la «evolución de las funciones» puede tapar la injusticia de esta jerarquía salarial impuesta.
El separatismo y sus socios han entendido perfectamente que tener a la policía satisfecha es una herramienta de control político fundamental. Por ello, no escatiman en gastos ni en concesiones horarias que restan efectivos reales de las patrullas diarias. Mientras los Mossos trabajan menos y ganan más, la seguridad ciudadana se convierte en un concepto secundario frente al interés de los despachos.
Es hora de exigir que la seguridad pública no sea moneda de cambio ni terreno para el privilegio autonómico. Si hay recursos para inyectar miles de euros en una sola autonomía, debe haberlos para dignificar a todos los agentes de España por igual. Mantener este agravio no es solo una mala gestión política; es, sencillamente, una falta de ética que fractura la cohesión de nuestra seguridad nacional.
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