El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido abandonar a su suerte a la Guardia Civil en Cataluña. Los datos oficiales son demoledores y reflejan una estrategia clara de desmantelamiento. Actualmente, el 25% de las plazas del Instituto Armado en territorio catalán permanecen vacías, según ha denunciado la AUGC y recogido Okdiario. Es una cifra que evidencia la desprotección del Estado en una comunidad clave.
La plantilla debería contar con un total de 4.127 agentes para garantizar la seguridad. Sin embargo, la realidad que impone el PSOE es muy distinta. Solo hay 2.969 guardias civiles operativos en las cuatro provincias. Esto supone que faltan 1.157 efectivos para alcanzar el despliegue mínimo necesario. El agujero en la seguridad pública es ya un problema estructural insostenible.
Esta situación no es fruto del azar ni de la falta de presupuesto. Responde a una hoja de ruta política pactada con el sector secesionista para vaciar Cataluña de funcionarios de cuerpos de ámbito nacional. El Gobierno de Pedro Sánchez prefiere pagar el peaje a sus socios antes que reforzar la presencia de la Benemérita. Los agentes se sienten ninguneados mientras ven cómo sus competencias son transferidas de forma opaca.
En Gerona y Lérida, la falta de personal es especialmente sangrante para las unidades rurales. Los cuarteles operan bajo mínimos, obligando a los guardias a realizar esfuerzos heroicos para cubrir el servicio. La seguridad ciudadana se convierte así en una moneda de cambio en el tablero político. Es el precio que el PSC está dispuesto a que paguen los ciudadanos por mantener la estabilidad en Madrid.
El desinterés del Gobierno central incentiva que muchos agentes soliciten traslados a otros puntos de España. La falta de incentivos y el hostigamiento del entorno separatista hacen que Cataluña sea un destino poco atractivo. Si el Ministerio no declara la zona como de especial singularidad, el goteo de bajas será imparable. La inacción del PSOE es, en la práctica, una invitación a que los agentes abandonen sus puestos.
Mientras el Ejecutivo presume de ofertas de empleo público, la realidad en los cuarteles catalanes es de precariedad absoluta. El aumento de plazas anunciado para 2026 es un simple parche que no cubre las jubilaciones ni los pases a la reserva. La sangría de efectivos en el Instituto Armado es una traición a quienes juraron defender la ley en cada rincón del país.
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