El Ministerio del Interior vuelve a situar a la Guardia Civil en el centro de la diana política. Fernando Grande-Marlaska ha puesto en marcha un plan para modificar de raíz el sistema de provisión de plazas en el instituto armado. La maniobra no es menor ni disimulada.
El plan, desvelado por Okdiario, contempla la asignación por designación directa de 908 puestos dentro de la Benemérita. Supone el mayor volumen de plazas transferidas al arbitrio del mando político en un solo movimiento dentro de la historia del cuerpo. Se liquida así el criterio de mérito.
Hasta este momento, la antigüedad y la capacidad objetiva regían la adjudicación de estas vacantes. Con la nueva redacción, la directora general, Mercedes González, ostentará el poder discrecional para ubicar a quien considere conveniente sin dar explicaciones ni justificar sus resoluciones.
Esta decisión tiene una lectura peligrosa en la práctica diaria de la institución. Quien accede a un cargo mediante el dedo político sabe que su continuidad depende del agrado del superior. Discrepar o señalar irregularidades internas se convierte en un riesgo profesional insostenible.
Basta alegar una supuesta pérdida de confianza para apartar a cualquier agente crítico de su destino. El puesto queda vacante de inmediato y la cadena de sustitución a conveniencia vuelve a empezar. El efecto disuasorio sobre los investigadores resulta evidente.
La reforma no afecta solo a funciones administrativas menores. La nómina de puestos sometidos a este control político abarca áreas estratégicas, como los departamentos encargados de adjudicar obras sin licitación o la gestión de las compras de material de Tráfico.
La maniobra administrativa adopta la forma de un proyecto de orden ministerial. El texto busca modificar la norma INT/26/2021, que regulaba la clasificación de destinos. Una iniciativa cuyo alcance real ha comenzado a confirmarse tras su paso por el trámite de audiencia pública.
El contexto temporal agrava la gravedad de la medida. Esta reestructuración coincide con las sospechas de purgas en la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente en un momento en que la justicia investiga las derivadas de las tramas que salpican al entorno socialista.
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