El muro de soberbia levantado por Pedro Sánchez ha comenzado a agrietarse de manera irreversible. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio oral a su esposa, Begoña Gómez, no es solo un revés judicial, sino un estigma político que inhabilita cualquier discurso sobre la regeneración democrática. Ya no hablamos de sospechas ni de «bulos» de la oposición, sino de una instrucción sólida que ve indicios racionales de criminalidad en el entorno más íntimo del presidente.
La gravedad de los cargos es abrumadora y debería hacer palidecer a cualquier ejecutivo con un mínimo sentido de la ética institucional. Malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. No es un invento de la «fachosfera»; es el catálogo de presuntos delitos que el juez atribuye a la esposa del líder del PSOE tras meses de minuciosa investigación.
Resulta insultante para los ciudadanos que Sánchez pretenda seguir vinculando su destino al de una investigada por aprovecharse de la estructura del Estado. El uso de una asesora de la Moncloa para gestionar negocios privados es el ejemplo perfecto de la confusión entre lo público y lo personal que caracteriza a este Gobierno. El Palacio de la Moncloa no puede ser el centro de operaciones de una consultoría particular.
El presidente ha utilizado todos los resortes del poder para intentar blindar a su esposa y atacar al magistrado instructor. Desde el uso de la Abogacía del Estado hasta las descalificaciones personales desde la tribuna del Congreso. Esta estrategia de tierra quemada ha fracasado ante la independencia judicial, dejando al sanchismo desnudo frente a la realidad de los hechos.
La cátedra en la Universidad Complutense, origen de esta trama, simboliza el nepotismo más crudo. Sin la titulación adecuada, Gómez obtuvo presuntos privilegios que ningún ciudadano común podría soñar, presuntamente utilizando el apellido y la influencia de su marido. Ahora, será un tribunal quien determine si esa meteórica carrera académica se construyó sobre la base de la delincuencia.
La respuesta de Sánchez sigue siendo el silencio victimista o la huida hacia adelante. En cualquier democracia europea sana, un procesamiento de este calibre provocaría dimisiones inmediatas o, al menos, una comparecencia transparente sin preguntas filtradas. Aquí, sin embargo, el PSOE prefiere atrincherarse y señalar a los jueces que cumplen con su deber.
Es imposible separar la figura de Begoña Gómez de la de Pedro Sánchez en este caso. El tráfico de influencias requiere, por definición, una influencia que ejercer, y esa emana directamente del despacho del presidente. Si hubo corrupción en los negocios, el beneficio se produjo a la sombra de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros.
Estamos ante un fin de ciclo moral. El PSOE ya no puede dar lecciones de integridad mientras su máximo referente está cercado por los tribunales a través de su núcleo familiar. La justicia ha hablado con la claridad que le faltó al Gobierno durante meses de oscurantismo y ataques a la prensa libre que osó investigar.
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