Salvador Illa ha impuesto su puño de hierro en Ripoll, provocando una crisis sin precedentes en el seno del socialismo gerundense. La cúpula del PSC ha forzado la dimisión de sus dos regidores, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, por el «pecado» de facilitar los presupuestos de la alcaldesa Sílvia Orriols (Aliança Catalana). Esta purga política evidencia que el partido prioriza el cordón sanitario mediático sobre las necesidades reales de los municipios.
La respuesta de los afectados no se ha hecho esperar, denunciando una decisión «unilateral» adoptada desde los despachos de Barcelona. El malestar en la agrupación local es absoluto, dejando al partido en una situación de extrema debilidad en el territorio. Los regidores cesados han dejado claro que la dirección central ha ignorado sistemáticamente el sentir de los militantes que viven el día a día en Ripoll.
La crisis es tan profunda que la lista municipal del PSC ha quedado prácticamente desmantelada tras este movimiento. Ningún miembro de la candidatura parece dispuesto a asumir el relevo de los regidores purgados por la dirección de Salvador Illa. Esta falta de efectivos pone de manifiesto el divorcio total entre el aparato del partido y sus bases locales.
Enric Pérez, hasta ahora hombre de confianza en la administración socialista, ha cortado todos sus vínculos de forma fulminante. El exregidor ha exigido su cese inmediato como asesor de Sílvia Paneque en el Departamento de Territorio de la Generalitat. Es un gesto de dignidad frente a una dirección que prefiere la estética política a la gestión práctica del presupuesto municipal.
El relato de la calle Pallars, sede central del PSC, se ha resquebrajado ante las mentiras denunciadas por los propios regidores. Mientras la portavoz Lluïsa Moret aseguraba que se había convocado una reunión para pactar la salida, los afectados niegan cualquier contacto. Según Pérez y Avilés, se enteraron de su destino a través de los medios de comunicación, sin recibir notificación formal alguna.
Salvador Illa ha querido erigirse en guardián de la moralidad democrática con un discurso contra la supuesta intolerancia. Sin embargo, su actitud con los compañeros de partido en Ripoll destila un autoritarismo impropio de quien preside la Generalitat. El presidente utiliza la «línea roja» contra la extrema derecha como una herramienta de purga interna para evitar cualquier disidencia.
Los regidores cesados han defendido su actuación basándose exclusivamente en el beneficio de los ciudadanos de Ripoll. Para ellos, permitir el funcionamiento del ayuntamiento era una cuestión de responsabilidad civil frente al bloqueo institucional. El PSC de Illa, en cambio, ha preferido dejar al municipio en el aire antes que permitir una abstención técnica.
La situación deja al socialismo ripollés en un callejón sin salida y con una imagen de descontrol absoluto ante la opinión pública. La incapacidad para gestionar las discrepancias territoriales demuestra que el PSC funciona más como una estructura de mando rígida que como un partido democrático. Ripoll se convierte así en el escenario de un sacrificio político en el altar de la corrección política de la izquierda.
El procedimiento para sustituir a los regidores se presenta ahora como un rompecabezas de difícil solución para Salvador Illa. Sin candidatos dispuestos a dar la cara por el partido en el municipio, el PSC corre el riesgo de perder su representación real. La soberbia de la dirección barcelonesa ha dinamitado el trabajo de años en una localidad clave para la política catalana.
Esta crisis demuestra que, bajo la apariencia de moderación del PSC, se esconde una maquinaria dispuesta a aplastar a quien no siga el guion oficial. Los presupuestos de Ripoll han sido solo la excusa para exhibir una autoridad que margina a los problemas locales. El socialismo catalán ha impuesto un relato ideológico, pero ha perdido su credibilidad y su base en el territorio.
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