Pedro Sánchez ha vuelto a cruzar la línea roja de la separación de poderes, esta vez a miles de kilómetros de España. Desde China, el jefe del Ejecutivo no ha dudado en arremeter contra el magistrado Juan Carlos Peinado. El motivo es la decisión del juez de seguir adelante con el procedimiento contra Begoña Gómez ante el Tribunal del Jurado, un nuevo revés que el sanchismo no está dispuesto a aceptar con respeto institucional.
Con un tono que mezcla la soberbia y el victimismo, Sánchez ha despachado la gravedad del asunto judicial apelando a que «el tiempo pondrá a todos en su sitio». Es una frase cargada de intención que suena más a advertencia que a reflexión. El presidente insiste en presentar la acción de la justicia como una anomalía, olvidando que en democracia nadie, ni siquiera la esposa del presidente, está por encima de la ley.
Resulta desolador que la imagen de España en el exterior quede empañada por los problemas personales y judiciales del matrimonio Sánchez. En lugar de mantener una actitud prudente, el líder del PSOE ha aprovechado el escenario internacional para cuestionar la instrucción del juez. Es el estilo propio de un Gobierno que se siente acosado por la realidad de los juzgados y responde atacando a los servidores públicos que cumplen con su deber.
La comparecencia ante los medios en Pekín debería haber servido para explicar los acuerdos comerciales, pero Sánchez no ha podido evitar que la sombra de Begoña Gómez le persiguiera hasta la Gran Muralla. Al ser preguntado por los periodistas, su reacción ha sido la de siempre: deslegitimar el proceso judicial. Para el presidente, cualquier avance en la investigación contra su mujer es, por definición, una injusticia que el tiempo deberá corregir.
Mientras tanto, la agenda oficial se centraba en la firma de 19 acuerdos con el régimen de Xi Jinping. Sánchez intenta desesperadamente vender una gestión exterior exitosa para tapar el ruido judicial que asfixia a la Moncloa. Sin embargo, su retórica de una relación económica «sana y equilibrada» choca frontalmente con la falta de salud democrática que demuestra al presionar a los jueces de forma tan directa.
La agresividad verbal contra el juez Peinado desde suelo extranjero es un síntoma de la debilidad del relato gubernamental. Sánchez ya no se limita a defender la inocencia de su esposa, sino que señala directamente a los magistrados que se atreven a investigar. Es una táctica de distracción masiva que busca convertir una causa judicial por presuntos delitos de corrupción en una suerte de persecución política inexistente.
El marco de la visita oficial, con la parafernalia propia de las reuniones con mandatarios comunistas, ha servido de refugio temporal para un presidente acorralado. Sánchez se siente cómodo en entornos donde el control estatal es absoluto, lo que explica su malestar cuando se topa con la independencia judicial en España. La Justicia, por mucho que le pese al presidente, no se rige por calendarios políticos ni por giras internacionales.
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