La portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado duramente al Govern por su gestión del sistema de protección de menores porque “hay realidades que no pueden seguir siendo silenciadas”. Se refiere la diputada a “los niños a los que la Generalitat prometió protección y entregó abandono” cuyos ejemplos más paradigmáticos se resumen en la joven extutelada de 25 años que falleció tras recibir la prestación de ayuda para morir, la menor de 12 años que fue violada por un pederasta que la ofreció también sexualmente a otros hombres mientras la Generalitat tardó 9 meses en activar el protocolo de abusos, el caso de Castelldans dónde “la DGAIA tampoco detectó al pederasta que abusó durante 15 años de cinco niños que tenía en acogida”, el educador de un centro de menores acusado de violar una niña de 16 años, o el caso Trinity, “la red de pederastia más grande detectada en Cataluña donde, como mínimo, 7 de las víctimas estaban bajo la tutela de la Generalitat”.
Roldán ha iniciado su interpelación recordando que el caso Noelia Castillo ha supuesto un fracaso colectivo de primer orden porque “no estamos ante una victoria de la autonomía individual, sino ante la rendición de un sistema de protección que, tras tutelar a una persona durante años, termina certificando que su sufrimiento es incurable y solo merece la salida de la muerte”. Es por ello que le ha pedido a la consellera de Derechos Sociales que “no se esconda detrás de la burocracia” para justificar el desamparo en Cataluña porque no se puede hablar de libertad para morir cuando la Administración no ha garantizado una vida digna.
Concretamente, sobre la ley de eutanasia, la portavoz ha reprochado a la consellera que “Si la respuesta de la Administración al dolor emocional es facilitarles el proceso de muerte, estamos admitiendo que ya no creemos en la curación ni en la redención social”.
La diputada popular ha tildado de “crueldad absoluta” que la Administración mire hacia otro lado facilitando el acceso a leyes que ponen fin a la vida cuando los niños muestran secuelas en forma de enfermedades graves tras la institucionalización en sus centros. “Presumen de proteger el derecho a la muerte digna, pero se olvidan de proteger el derecho a la vida digna, y eso pasa también por garantizar el derecho a una salud mental rápida y eficaz” ha añadido.
“Es una hipocresía política insoportable que un joven tenga que esperar meses para un psicólogo, pero pueda tener un comité para la eutanasia en semanas”, ha remarcado.
La portavoz popular ha hecho un recorrido por el desamparo institucional desde su mismo inicio, con un sistema institucional que tiene “una mirada errónea sobre la familia”, habiendo convertido la DGAIA “en una maquinaria reactiva” donde, una vez entra el menor en el sistema, asume “la responsabilidad legal y moral de su integridad” y, a pesar de ello, en numerosos casos los niños han terminado “siendo víctimas de un depredador o varios”, a pesar que la Administración velaba por ellos, como apuntaban los casos mencionados. “¿Ustedes se preocupan de las secuelas que su negligencia deja en estos niños? Porque visto lo visto parece que no”, ha lamentado Roldán.
La diputada popular ha acusado al Govern de practicar “abandono institucional, negligencia y prevaricación moral” en este asunto, cosa que también han facilitado que se den estas situaciones por la intolerable lentitud de la respuesta de la Administración.
A todo lo anterior, Roldán ha reprochado a la consellera “el desierto de recursos” en la salud mental infantil y juvenil, con 4.800 niños en centros residenciales dependiendo de la Administración, con listas de espera que superan los 50 días para una primera visita, el envío de menores a un sistema de salud que “con demasiada frecuencia solo tiene tiempo para medicarlos y silenciar su dolor”, y con centenares de profesionales “quemados”, que deben asumir “ratios imposibles que impiden cualquier intervención educativa real”.
Por último, la portavoz popular ha pedido a la consellera que actualice la cartera de servicios, que corrijan la perversidad del sistema que obliga a algunos padres a tener que renunciar a la tutela de sus hijos para poder obtener plaza pública, que paralicen los contratos con entidades bajo sospecha de fraude y corrupción “y asuman sus errores y fracasos, como el de Noelia y el de tantos otros niños y jóvenes”.
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