La Segunda República, hundida por izquierdistas y separatistas

“Insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia es planear una «Constitución para una guerra civil»” (Niceto Alcalá-Zamora, primer presidente de la II República).

La leyenda, ampliamente difundida por la apabullante propaganda de la izquierda desde hace noventa años y que se repite machaconamente, especialmente estos días, de que la Segunda República fue un régimen democrático ejemplar, que fue atacado desde el principio por una alianza reaccionaria de Iglesia, aristocracia, grandes propietarios y militares para acabar con la libertad del pueblo y recuperar sus privilegios, no responde a la verdad histórica.

Un alzamiento respaldado, al menos, por media España y una larga guerra civil de tres años, que los republicanos frentepopulistas estaban además convencidos de que ganarían, necesita bastante más explicación que la simplista historia que, en gran medida, han conseguido imponer: la de dos bandos enfrentados, el de los buenos (los “demócratas” republicanos del Frente Popular) y el de los malos (los “fascistas” que se sumaron al Alzamiento).

La proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 es cierto que generó, en amplios sectores sociales, gran entusiasmo y esperanza, que en algunos casos muy pronto se verían defraudados; pero también suscitó en otros, desde el principio, desazón y dudas más que fundadas sobre su pretendida legitimidad democrática, porque la votación en las municipales favorable a la conjunción republicano-socialista fue mayoritaria en las ciudades y capitales de provincia, pero bastante reducida en los medios rurales y, en todo caso, fue minoritaria en el conjunto del país; se había producido en unas simples elecciones municipales y no en unas elecciones a Cortes Constituyentes. La proclamación de la República pudo ser considerada como un régimen de hecho más que de derecho.

Para empezar, la Constitución de 1931 se redactó pensando básicamente en las izquierdas, como si las derechas no tuvieran derecho a nada. Fue una Constitución de revancha, no de consenso. El PSOE y los nacionalistas catalanes guardaron al principio las formas democráticas, pero se echaron pronto al monte; solo hay que ver la que montaron en la conocida como revolución de octubre de 1934, promovida por los líderes del PSOE: Largo Caballero, «el Lenin español», e Indalecio Prieto, que se saldó con más de 1.400 muertos. Indalecio Prieto, unos meses antes, el 3 de enero de 1934, declaró a “El Socialista”: «Concordia no, guerra de clases. Concordia sí, pero entre los proletarios de todas las ideas… Pase lo que pase, ¡atención al disco rojo!».

Todo ello, después de que la CEDA de Gil Robles ganara legítimamente las elecciones y posibilitara el Gobierno de Lerroux en diciembre de 1933, cosa que no aceptaron la izquierda y los separatistas. Por su parte, Lluís Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, el 6 de octubre de 1934, proclamó el «Estado Catalán dentro de la República Federal Española», un golpe de Estado contra la propia República. Esta insurrección (que no fue secundada por los anarquistas) duró apenas diez horas y fue sofocada con relativa facilidad por el general Batet, que desplegó el ejército en los puntos estratégicos de Barcelona, después de que el Gobierno de la República declarara el estado de guerra. Este hecho llevó a Companys, a su gobierno y a muchos alcaldes y autoridades municipales de Cataluña que lo habían secundado a prisión. Bueno, no así al conseller de Governació de la Generalitat, Josep Dencàs, quien huyó (después de hacerse con una buena cantidad de fondos públicos), junto a su estrecho colaborador Miquel Badia (“capità collons”), comisario general d’Ordre Públic, por las alcantarillas de Barcelona y se acabó refugiando en la Italia de Mussolini.

La República, como está más que acreditado, fue desde el principio un periodo caracterizado por la violencia política, las huelgas salvajes y la persecución religiosa. Solo un mes después de su proclamación, en mayo de 1931, “entusiastas” izquierdistas, con la permisividad de buena parte de las autoridades republicanas, se dedicaron a quemar iglesias y conventos en Madrid, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Alicante, Valencia, Murcia… Y en enero de 1932, el Gobierno de la República Española, presidido por Azaña, ordenaba la disolución de la Compañía de Jesús en todo el territorio español.

Como decíamos, la conflictividad social fue extremadamente alta, con miles de huelgas, destacando picos en 1932 (681) y 1933 (1.127). La violencia política, en la etapa republicana, dejó un saldo estimado de más de mil muertos (superando la media de 200 muertos por año), sin contar el gravísimo episodio de la revolución de octubre de 1934, que dejó, como hemos indicado, más de 1.400 muertos. No hubo libertad religiosa y la libertad de expresión también conoció importantes limitaciones; con leyes como la de Defensa de la República o la de Orden Público se cerraron diarios y se condicionó claramente a la prensa. Fueron habituales los fraudes electorales…

Ortega y Gasset, ya el 9 de septiembre de 1931, todavía en pleno debate constitucional, publicó en el diario Crisol un importante artículo en el que advirtió que la República no funcionaría mientras no se desterrara la palabra revolución, que tanto gustaban de usar los izquierdistas. Y lo terminó con las siguientes palabras: “Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con su acción, con su voto o, con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: ¡No es esto, no es esto! La República es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo”.

En un sentido similar se pronunciaron poco después Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, todos ellos considerados como «padres espirituales de la República», que poco antes habían impulsado el manifiesto «Al servicio de la República». O Miguel de Unamuno, que había sido nombrado ciudadano de honor de la República. El propio Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República Española (entre diciembre de 1931 y abril de 1936), que era del partido liberal-demócrata, había dicho en esos meses que insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una “Constitución para una guerra civil” y: “Han hecho de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas…”. A pesar de mantener esta opinión, Manuel Azaña lo consiguió convencer para que aceptara el cargo de presidente de la República. Valle-Inclán, que recibió también con alborozo la llegada de la República, no tardó muchos meses en desengañarse y denunciar que “España sufre ahora la dictadura socialista”. Y así, viendo lo que estaba sucediendo, fueron millones de españoles, de toda clase y condición, los que pasaron de apoyar a la República a oponerse a la misma.

Me gustaría recordar, por último, lo que decía en 1938 una de las figuras más relevantes y tal vez controvertidas de la política española durante la Guerra Civil, Juan Negrín, que fue presidente del Gobierno de la República (1937-1939), respecto al ya entonces grave problema nacionalista y separatista en Cataluña: «No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan los que otra cosa supongan. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista, y tiene que ser cortada de raíz»; «(…) Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese de alemanes e italianos. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de los de afuera y de los de adentro. Mi posición es absoluta y no consiente disminución.» (Juan Negrín, 1938, apud. Enrique Moradiellos, Negrín, Ed. Península).

Y podríamos hablar de Clara Campoamor, la principal artífice de que se aprobara (en octubre de 1931) el voto femenino en la República, enfrentada a muchos socialistas que se oponían a ello, como Victoria Kent. Y de cómo, apenas un mes después de declararse la Guerra Civil, huyó de Madrid y, desde Alicante, embarcó rumbo a México, por miedo a ser asesinada por milicianos del Frente Popular, por sus duras críticas a los desmanes que habían cometido anarquistas, socialistas y comunistas. Todo ello lo explica con detalle en su recomendable libro: “La revolución española vista por una republicana”.

También es muy recomendable leer el muy documentado libro: “Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, escrito por Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, en el que se concluye que las elecciones generales de febrero de 1936 en España, que dieron la victoria al Frente Popular, estuvieron marcadas por fraude electoral y episodios de una gran violencia política por parte de la izquierda.

En fin, son numerosos los hechos y las razones que deberían desmontar el paradigma tan fuertemente consolidado que consiste en glorificar a la Segunda República y demonizar el franquismo (sobre el que se ha creado una denigrante leyenda negra). Aunque son cada vez más los historiadores que consideran que fue, en realidad, la extrema radicalización y el totalitarismo de la izquierda (cada vez más sovietizada), junto con las tensiones y demandas separatistas, lo que terminó hundiéndola y llevó a la Guerra Civil.

Salvador Caamaño Morado (autor del libro “Tarragona 1936. Terror en la retaguardia”).

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