🔴 Madrid 🇪🇸 | Chasse aux Juifs dans un musée géré par l’État
Au Museo Reina Sofía, trois touristes israéliennes âgées, dont une survivante de la Shoah, ont été insultées, humiliées et expulsées… pour avoir porté une étoile de David et un pin’s israélien 🇮🇱
Des visiteurs les… pic.twitter.com/kq02Ttb1lF
— Raph Israël (@raphlesioniste2) February 16, 2026
La deriva ideológica de nuestras instituciones culturales ha cruzado una línea roja de la que será difícil retornar. El pasado sábado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un espacio que debería ser el templo de la libertad y el respeto, se convirtió en el escenario de una persecución medieval. Tres mujeres israelíes, jubiladas y una de ellas superviviente del Holocausto, fueron expulsadas del recinto tras ser increpadas por una turba que las llamó «asesinas» y «genocidas». El pecado de estas ciudadanas no fue otro que portar una estrella de David y una bandera de su país, símbolos de su identidad que hoy parecen estar proscritos en la España del Gobierno de coalición.
Lo más alarmante de este episodio no es la intolerancia de un grupo de visitantes exaltados, sino la respuesta de la dirección del centro. En lugar de proteger a las agredidas y afear la conducta de los acosadores, una responsable del museo ordenó a un vigilante de seguridad que invitara a las tres mujeres a abandonar el edificio. Es la claudicación del Estado frente al matonismo callejero. Se ha sentado un precedente peligrosísimo: en un museo público dependiente del Ministerio de Cultura, la víctima es la que sobra si su presencia molesta a quienes gritan más fuerte.
El vídeo de los hechos, que ya circula como una mancha de aceite por las redes sociales, muestra a un vigilante de seguridad pidiendo reiteradamente a las mujeres que se marchen y que guarden cualquier objeto que las identifique como judías. La justificación del agente es un monumento al despropósito: «Hay público que se está molestando». Resulta inaudito que en la España de 2026 se aplique el derecho de admisión basándose en la incomodidad que despierta la condición religiosa o nacional de una persona. Es, lisa y llanamente, una claudicación ante el antisemitismo más rancio.
La mujer española que acompañaba a las turistas, y que ha preferido mantener el anonimato por miedo a represalias, ha calificado los hechos de «indignantes e intolerables». No le falta razón. Es inaceptable que en instalaciones oficiales que dependen directamente del Gobierno de España se sufra un episodio de este calibre. Según su relato, las mujeres llevaban simbología judía totalmente normal, equivalente a lucir la camiseta de un equipo de fútbol o la bandera de cualquier otro país. Sin embargo, en el actual clima político, parece que hay banderas que el sanchismo prefiere no defender.
Este incidente no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una retórica gubernamental que, de forma sistemática, ha señalado a Israel y ha alimentado un sentimiento de hostilidad que acaba calando en la calle. Cuando desde el Consejo de Ministros se utilizan términos inflamatorios, se está dando luz verde para que en el Museo Reina Sofía una turba se sienta con el derecho de expulsar a tres ancianas por el mero hecho de ser judías. La neutralidad institucional ha saltado por los aires en favor de un sectarismo que ya no distingue entre política y personas.
La jefa de misión de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, ha denunciado públicamente el atropello, poniendo el foco en la desprotección que sufrieron sus compatriotas. Resulta especialmente sangriento que una de las afectadas sea una superviviente de los horrores del nazismo. Que esta mujer tenga que volver a escuchar gritos de odio y ser instada a ocultar su estrella de David en un museo nacional español es una vergüenza que debería hacer dimitir a más de un responsable político. Pero ya sabemos que la autocrítica no es una virtud que abunde en este Ejecutivo.
El papel del vigilante de seguridad, instado por sus superiores, refleja la falta de protocolos claros y la cobardía de una administración que prefiere evitar el conflicto eliminando a la minoría acosada. Es la política del apaciguamiento llevada a la gestión cultural. Si permitimos que el derecho a visitar un museo dependa de la aprobación del resto de los presentes, estamos entregando nuestras instituciones a la tiranía de la mayoría ruidosa. Hoy son tres mujeres judías, mañana será cualquiera que no comulgue con el dogma oficial del momento.
Desde el Gobierno se busca transformar los espacios artísticos en trincheras ideológicas donde solo cabe un tipo de pensamiento. Al convertir el Reina Sofía en un foro político, se ha terminado por expulsar el civismo y la seguridad jurídica que debería amparar a cualquier visitante, independientemente de su origen o creencias.
La protección de los derechos fundamentales parece detenerse en la puerta de los museos si el agredido no encaja en el relato que interesa proyectar a los socios parlamentarios de la izquierda radical. España no puede permitirse dar esta imagen de país intolerante e inseguro para el turismo internacional. El Museo Reina Sofía ha manchado su nombre y el de todos los españoles al permitir que el odio antisemita dicte quién puede y quién no puede contemplar el Guernica.
Es una ironía macabra que en el lugar donde se expone el símbolo universal contra la barbarie y el horror de la guerra, se haya permitido una persecución por motivos ideológicos y religiosos con el visto bueno de la dirección.
La entidad Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ante lo que considera «una conducta reiterada de instrumentalización política, discriminación indirecta y posible promoción de narrativas de odio hacia el Estado de Israel y el colectivo judío-israelí desde una institución pública sostenida con fondos de todos los españoles».
«Las acciones legales se dirigirán tanto contra la institución como contra su máximo responsable, el director del museo, Manuel Segade, en la medida en que ostenta la responsabilidad ejecutiva y de supervisión sobre la programación, los actos organizados en sus instalaciones y el cumplimiento de los deberes legales de neutralidad y objetividad que vinculan a toda entidad de derecho público», añaden.
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