Aliança Catalana hem persistit i ho hem aconseguit! S’ha arxivat l’adjudicació del solar per a la macromesquita salafista de Lleida.
Destapant el frau de llei, hem aturat la islamització del nostre país.
💙#SalvemCatalunya pic.twitter.com/M5rzPsBIrS
— Aliança Catalana – Terres de Lleida (@TerresLleida_AC) February 7, 2026
El Gobierno municipal de Lérida, encabezado por el socialista Fèlix Larrosa, ha sufrido un sonado fracaso político al verse obligado a retirar su plan para construir una mezquita de dimensiones desproporcionadas. El proyecto pretendía ceder una parcela pública de más de 8.400 metros cuadrados a la comunidad islámica Ibn Hazm. La falta de apoyos en el pleno y las dudas sobre la gestión de los recursos municipales han sentenciado una iniciativa que nacía sin el consenso mínimo exigible.
La propuesta del PSC resultaba, cuanto menos, cuestionable desde el punto de vista del interés general. Los socialistas pretendían entregar el uso del solar durante cincuenta años a cambio de un canon irrisorio de mil euros anuales. Este precio, muy alejado de cualquier realidad de mercado, ha sido el principal foco de las críticas, al considerarse un regalo patrimonial que perjudicaba gravemente las arcas del Ayuntamiento de Lérida.
La debilidad parlamentaria de Larrosa ha quedado retratada en este episodio. Con solo nueve concejales de los veintisiete que componen el consistorio, el PSC necesitaba una mayoría absoluta que se ha demostrado imposible de alcanzar. Ni la derecha ni el resto de fuerzas nacionalistas e independentistas han querido avalar un proyecto que carecía de la transparencia necesaria para una operación de tal envergadura.
Los opositores al proyecto denunciaron una ausencia total de rigor administrativo en la tramitación del expediente. El proyecto de la macromezquita no contaba con los informes de impacto urbanístico ni de movilidad que son obligatorios para cualquier construcción de este impacto. Esta improvisación del equipo de gobierno socialista ha dejado al descubierto una gestión más basada en el compromiso ideológico que en el cumplimiento de la normativa.
A pesar de no tener representación en el Ayuntamiento, Aliança Catalana intenta capitalizar el malestar ciudadano y ha presionado con posibles acciones legales. El partido de Sílvia Orriols ha señalado el perjuicio económico de la cesión, denunciando que el canon pactado ni siquiera alcanzaba el mínimo legal permitido por la propia administración local para este tipo de operaciones.
El fracaso del PSC en este asunto evidencia la desconexión entre el equipo de gobierno y las prioridades de los leridanos. Plantear una cesión de suelo público a cincuenta años en condiciones tan ventajosas para una entidad religiosa privada ha sido visto por la oposición como un agravio comparativo. La ciudad no parece dispuesta a aceptar privilegios que no se sostienen bajo criterios técnicos ni financieros claros.
La oposición en bloque, desde el PP y Vox hasta Junts y ERC, ha preferido marcar distancias con un alcalde que parece haber calculado mal sus fuerzas. En un consistorio tan fragmentado, la soberbia de intentar imponer un proyecto de este calado sin diálogo previo ha terminado por pasar factura al grupo socialista. Lérida evita, de momento, una infraestructura que generaba serias dudas sobre su encaje en la trama urbana.
Resulta llamativo que el PSC haya intentado acelerar un trámite con tantos defectos de forma. La falta de transparencia en los detalles del acuerdo con la comunidad Ibn Hazm alimentó las sospechas sobre la verdadera motivación del gobierno local. En política municipal, la gestión del suelo público requiere de una pulcritud que, en este caso, ha brillado por su ausencia.
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