Fernando Grande-Marlaska vuelve a recurrir a la ingeniería estadística para maquillar la cruda realidad de la seguridad ciudadana. El ministro presume de haber alcanzado un «máximo histórico» con más de 83.000 guardias civiles en 2025. Sin embargo, Okdiario ha desvelado como los datos reales desmienten su triunfalismo: los agentes en activo apenas llegan a los 74.000, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades del país.
Para inflar los números, Interior incluye en sus cálculos al personal en situación de reserva, efectivos que no están en la calle ni patrullan nuestros pueblos. Este «agujero» en la plantilla equivale a dejar sin protección policial a 21 provincias españolas de una sola tacada.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha estallado ante lo que consideran una falta de respeto a la Benemérita. Denuncian que el déficit es de tal magnitud que compromete seriamente la seguridad pública. Mientras el ministro celebraba con pompa la festividad de la Patrona en Cuenca, las unidades rurales siguen bajo mínimos.
Para evitar que se conozca el alcance real del problema, el Ministerio mantiene el catálogo de puestos de trabajo bajo llave. Se escudan en la Ley de Secretos Oficiales para no facilitar estos datos técnicos a las asociaciones profesionales. Es una opacidad que contrasta con la Policía Nacional, donde el documento sí es público, aunque lleve tres lustros sin actualizarse.
La situación es especialmente alarmante porque no hay una sola provincia en toda España que tenga cubierta su plantilla al completo. El abandono de la seguridad es un mal endémico que afecta a todo el territorio nacional. El Ministerio parece más preocupado por el impacto mediático de sus anuncios que por dotar de recursos reales a los agentes.
Madrid encabeza la lista de la precariedad con un déficit que supera los 2.200 guardias civiles. Le siguen regiones con alta presión delictiva y turística como Valencia, donde faltan casi mil efectivos, o Alicante, con un vacío de 822 plazas. En Murcia y Barcelona la situación es idéntica, con carencias que rondan los 650 agentes en cada una.
Este déficit estructural tiene consecuencias directas sobre los ciudadanos, especialmente en la España rural. Menos agentes significa tiempos de respuesta más largos y menos patrullas disponibles para prevenir el delito. La política de Interior está convirtiendo la seguridad en un servicio de mínimos, mientras se venden titulares de «máximos históricos».
La negativa a cubrir las vacantes del catálogo oficial es la verdadera «deuda» que Marlaska mantiene con la institución. No basta con convocar plazas si estas no sirven para llenar los huecos de quienes pasan a la reserva o se retiran. La gestión de personal en la Guardia Civil se ha convertido en un ejercicio de prestidigitación contable.
Desde la oposición y las asociaciones profesionales se exige transparencia inmediata sobre la situación de las plantillas. Resulta inaudito que el instrumento técnico que organiza el personal se oculte bajo el pretexto de la seguridad nacional. Es, a todas luces, un parapeto para evitar el desgaste político de un ministerio en entredicho.
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