La plataforma de profesores Universitaris per la Convivència ha denunciado esta mañana ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la captura de las universidades catalanas por el poder nacionalista y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la libertad ideológica, reunión y a la no discriminación por motivos ideológicos de muchos de sus miembros.
La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona Isabel Fernández Alonso, que ha intervenido en nombre de la plataforma, ha subrayado que se observan tres estrategias de uniformización del pensamiento en los campus catalanes: ocupación del espacio público con simbología nacionalista, agresiones a estudiantes constitucionalistas y pronunciamientos partidistas de diferentes órganos de gobierno. Entre estos últimos ha destacado el manifiesto conjunto de los claustros de todas las universidades públicas catalanas a raíz de la sentencia del procés (octubre de 2019), que fue entregado a modo de trofeo al Presidente de la Generalitat, mediando convocatoria de prensa.
La portavoz de Universitaris per la Convivència ha recordado las numerosas sentencias judiciales (también del Tribunal Supremo) que corroboran la referida vulneración de derechos fundamentales, así como el amparo que esta plataforma ha recibido del Defensor del Pueblo, que ha reclamado a los diferentes rectores que respeten el principio de neutralidad institucional. Asimismo, ha denunciado la reciente reforma de la ley orgánica de universidades por cuanto ha incorporado una enmienda de ERC y Bildu orientada a dar cobertura a los manifiestos partidistas de los claustros.
Universitaris per la Convivència ha reclamado al Parlamento Europeo que investigue, a partir de las actuaciones de los órganos de gobierno de las universidades catalanas, la vulneración de los mencionados derechos fundamentales y el principio de neutralidad ideológica, así como la posible connivencia de las autoridades catalanas en esta vulneración. Entiende esta plataforma que la petición se orienta a la defensa de los valores europeos protegidos por el artículo 2 en relación con el 7 del Tratado de la Unión.
Todos los eurodiputados que han tomado la palabra han apoyado la petición, que permanecerá abierta. La Comisión de Peticiones enviará sendas cartas al Comisario Reynders y al Gobierno de España advirtiendo sobre la gravedad de estos hechos, para que sean incorporados al Informe sobre el Estado de Derecho en Europa, en el primer caso, y para que adopte las medidas necesarias de cara a ponerles fin, en el segundo.
Isabel Fernández Alonso concluyó su intervención destacando que la actitud de las autoridades nacionalistas, sumada a la inacción del Gobierno de España, coloca a los profesores en una situación imposible de comprender en una democracia europea: han de ser los ciudadanos quienes, con su tiempo y su dinero, hagan frente a las actuaciones de unas administraciones que vulneran sus derechos en lugar de velar por ellos.
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