La seguridad en Barcelona ha dejado de ser una prioridad política para convertirse en una trágica ley de la selva. El último episodio en el barrio del Bon Pastor es el vivo reflejo de una ciudad que se le escapa de las manos al alcalde Jaume Collboni. Un delincuente de nacionalidad marroquí ha fallecido tras intentar asaltar a un hombre de 66 años que se desplazaba en silla de ruedas. La vulnerabilidad de la víctima no frenó al asaltante, pero sí desencadenó una respuesta desesperada que terminó en fatalidad a plena luz del día. La víctima apuñaló al delincuente, que resultó herido de muerte.
Los hechos ocurrieron este pasado domingo, 5 de abril, alrededor de las dos del mediodía en el paseo de Mollerussa. En un entorno que debería ser seguro para cualquier vecino, la víctima se defendió con un arma blanca ante el acoso del ladrón. Este suceso evidencia que los ciudadanos, ante la evidente falta de patrullaje y la sensación de impunidad que reina en los distritos, están empezando a tomar la justicia por su mano. La gestión del PSC en el consistorio sigue instalada en la retórica mientras la realidad en las calles es de una crudeza insostenible.
El despliegue de los servicios de emergencias y del SEM no pudo evitar el desenlace en el distrito de Sant Andreu. A pesar de los intentos de reanimación, el asaltante murió en el mismo asfalto donde minutos antes pretendía desvalijar a una persona con movilidad reducida. Este escenario de violencia extrema no es un caso aislado, sino el síntoma de una enfermedad crónica que el gobierno municipal de Collboni se niega a diagnosticar correctamente. La política de parches del socialismo catalán está demostrando ser totalmente inoperante para frenar la reincidencia y la agresividad delictiva.
Mientras el Ayuntamiento se pierde en campañas de marketing y buenas palabras, los barrios periféricos sufren las consecuencias de una vigilancia insuficiente. El Bon Pastor ha sido el escenario de un drama que pone en entredicho la eficacia del modelo de seguridad actual.
No es solo un problema de cifras, es un problema de autoridad perdida. La incapacidad para proteger a los colectivos más frágiles, como este hombre de 66 años en silla de ruedas, deja al descubierto las costuras de una administración que parece haber tirado la toalla. Collboni, atrapado en la inercia de sus socios y en la herencia de una ciudad permisiva, no logra imponer el orden que Barcelona reclama a gritos.
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