Este fin de semana se cumplió el primer aniversario del intento de golpe de Estado secesionista, cuando el Parlament proclamó una ‘fake’ República catalana consistente en ni siquiera arriar la bandera de España del Palacio de la Generalitat. Una payasada, pero una payasada con repercusiones jurídicas.
Porque por mucho que fuera una ‘performance’, los secesionistas le dotaron de la solemnidad de votarla y de proclamarla en el Parlament. Por lo que han de afrontar las consecuencias de violar la normativa vigente de un país democrático como España, y por mucho que levanten la voz, sus ‘presos políticos’ son ‘presos comunes’, porque se les juzga por presuntos delitos, no por sus ideas.
La tipificación de los delitos es materia de los jueces, pero lo que queda claro que lo que pasó hace un año en el Parlament no fue una fiesta de cumpleaños, sino el intento de escenificar un desafío a todos los españoles, rompiendo España y privando a millones de catalanes no secesionistas de sus derechos políticos.
En este año el secesionismo ni ha pedido perdón, ni ha hecho una reflexión seria sobre sus errores. Al contrario, sigue anclado en el relato falso de una teórica legitimidad conseguida a partir de la consulta del 1 de octubre, que fue cualquier cosa menos un referéndum democrático. Mientras no reculen y recapaciten sobre la conveniencia de respetar el Estado de derecho, no habrá solución posible para rebajar la tensión que existe hoy en día en la sociedad catalana.
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