El Tribunal de Cuentas ha dictado el decreto de embargo preventivo de la vivienda que el expresident de la Generalitat Artur Mas depositó como garantía para cubrir la fianza por la pseudoconsulta del 9-N.
La fianza que dictó el Tribunal de Cuentas era de 5,2 millones de euros, para cubrir el gasto de dinero público gastado en dicha consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014.
Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana para completar los 5,2 millones depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía, entre ellos el domicilio del ex presidente.
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