La educación catalana se asoma de nuevo al abismo de la inestabilidad. Los sindicatos del sector que decidieron desmarcarse del pacto con el Ejecutivo autonómico, que son grupos radicales de carácter separatista, han anunciado dos nuevas jornadas de huelga. Los paros se llevarán a cabo los próximos días 9 y 10 de junio. Esta decisión sitúa al sistema educativo en una posición de conflicto permanente que pagan, como siempre, los ciudadanos.
La elección de las fechas no es en absoluto casual. Las movilizaciones coincidirán de lleno con la histórica visita del papa León XIV a Cataluña. Los convocantes buscan de forma deliberada el máximo impacto mediático. Para ello, pretenden tensionar las infraestructuras en un momento en que el foco internacional estará puesto sobre la comunidad autónoma.
Por si fuera poco, la protesta también dinamita los días clave de las pruebas de acceso a la universidad. Miles de alumnos de bachillerato verán comprometido su futuro inmediato por la falta de empatía de las organizaciones convocantes. El desplazamiento a los centros de examen se convertirá en una auténtica carrera de obstáculos para las familias catalanas.
La plataforma impulsora del boicot está liderada por USTEC, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública. A esta estrategia de presión se han sumado también siglas como la CGT, la Intersindical y el sindicato COS. Todas estas organizaciones han lanzado una preocupante consigna a las plantillas docentes: el objetivo explícito es «bloquear el país».
Los analistas anticipan un escenario de caos circulatorio absoluto. La movilidad se complicará de manera drástica en toda el área metropolitana de Barcelona. Asimismo, se prevén cortes y retenciones severas en las principales arterias viarias del territorio catalán. Se prioriza el colapso logístico por encima del derecho a la educación y a la libre circulación.
Esta nueva ofensiva sindical llega inmediatamente después de un auténtico terremoto político en las aulas. Las bases magisteriales tumbaron este jueves el preacuerdo que se había negociado con el Departament d’Educació. El resultado de la consulta interna abre un periodo de profunda incertidumbre y debilidad institucional para el Govern de la Generalitat.
La participación en la votación fue del 61%, lo que equivale a más de 60.000 profesionales movilizados sobre un censo total de 99.300. El rechazo al texto pactado el viernes anterior fue contundente, con más de 39.500 votos en contra. Los defensores de la vía del entendimiento apenas lograron sumar algo más de 21.000 avales entre el profesorado.
El bloque del «no» se vio espoleado por la campaña agresiva de los sindicatos minoritarios (COS, CGT e Intersindical). Estas formaciones consideraban insuficiente el documento propuesto por la administración del Govern. Argumentan que, aunque el texto recoge mejoras en las condiciones salariales, el Ejecutivo olvida dotar de recursos reales a la llamada escuela inclusiva.
En el lado opuesto de la cordura sectorial se mantiene el sindicato Professors de Secundària. Esta organización realizó su propia consulta interna y sus afiliados respaldaron de forma mayoritaria la firma del acuerdo. Un 63% de sus bases optó por la responsabilidad laboral frente al 36,8% que prefería prolongar el conflicto en la calle.
La división del mapa sindical deja en evidencia la debilidad de la gestión educativa del actual Ejecutivo. Cataluña encadena años de experimentos pedagógicos fallidos y de constante crispación laboral en los centros públicos. La incapacidad para pacificar el sector amenaza ahora con convertir una semana crucial en un lamentable espectáculo de parálisis comunitaria.
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